30 de julio de 2020
30.07.2020
A babor

Cero de ley

30.07.2020 | 00:59
Cero de ley

Una comparecencia parlamentaria sobre el cero energético de Tenerife, a petición del Gobierno y Podemos, se saldó ayer con un debate en el que el Gobierno defendió su futuro Plan de Transición Ecológica (cambiar el nombre al Plan Energético no va a resolver mucho) y presumió de la magnitud de sus multas, y la oposición recordó que esas sanciones –además de ser ahormadas y reducidas por la Justicia– resuelven bastante poco. Porque los cortes de energía siguen produciéndose.

En realidad, lo que hizo el Parlamento ayer fue endosar la responsabilidad de la situación energética en Canarias a Endesa y Red Eléctrica de España. Es evidente la responsabilidad que tienen en el colapso tanto Endesa como –mucho más aún– Red Eléctrica, que, por cierto, de española tiene poco. REE es una empresa participada en un 20 por ciento por el Estado, pero controlada en la práctica por fondos privados extranjeros, que en 2018 convirtió en beneficios nada menos que el ¡¡¡35 por ciento!!! de su facturación. En 2015, el presidente de Red Eléctrica, José Folgado, prometió invertir en las islas 1.300 millones de euros, para integrar en los sistemas canarios hasta mil megawatios. Pero de las promesas realizadas entonces, en compañía del ministro Soria, no se ha visto nada.

La responsabilidad de REE y –en menor medida de Endesa– radica en la desinversión y obsolescencia de sus instalaciones. Pero no son en absoluto los únicos responsables: el origen del abandono es antiguo, y tiene que ver con dos factores: uno, la cobardía política y administrativa de las corporaciones canarias tras el masivo rechazo popular a la línea de alta tensión de Vilaflor. Y el otro, la operación diseñada por el ministro Soria para preparar el desembarco de Iberdrola en Canarias, materializada en una ley ad hoc que Soria hizo aprobar en 2013, y que desarrolló en una orden de 2014 y un real decreto de 2015, que en la práctica introdujeron la prohibición de que los operadores con más del 40 por ciento de potencia en un territorio –Endesa es un monopolio de facto en Canarias– pudieran poner en explotación nuevas instalaciones de generación. Con esta ley y sus desarrollos, se pretendía abrir la puerta a la entrada de Iberdrola, y prohibir que Endesa creciera. Lo primero –acabar con el monopolio de facto de Endesa–, no se consiguió, porque Iberdrola prefirió no jugársela con las islas, pero lo segundo –impedir que Endesa modernizara y ampliara sus sistemas de generación– si se logró.

La historia de este despropósito que ha impedido invertir en las islas a la única empresa eléctrica que aún parece dispuesta a hacerlo, ha sido contada con pelos y señales por el socialista José Segura en una trilogía de libros sobre el fracaso de la reforma energética del PP en Canarias y en multitud de artículos, alguno de los cuales fueron citados ayer en el Parlamento, quizá sin ser entendidos del todo.

El Gobierno de Canarias puede seguir poniendo todas las multas que quiera, poetizando sobre la "energía para las personas" o planificando glamourosas transiciones, mientras se desentienden del colapso energético que aún está por venir. Pero el problema energético de las islas, y la probabilidad cierta de nuevos ceros, no se resolverá sin permitir que Endesa invierta, y sin forzar a REE a cumplir sus promesas. Para ello, bastaría con que el Gobierno Sánchez modificara las leyes y decretos con los que Soria quiso favorecer la entrada de Iberdrola en Canarias. Para lograrlo, habría que recuperar las enmiendas a la ley nacional presentadas por la oposición parlamentaria socialista en 2013. Sólo eso. Mientras no se haga, esta historia volverá a repetirse.

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