Las estancias postdoctorales constituyen un elemento imprescindible para la formación de personal investigador. Tras veinte años habiéndolo olvidado, el Gobierno de Canarias acaba de publicar una orden "por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el programa postdoctoral de formación de personal investigador Catalina Ruiz". Aceptando su inevitabilidad, la lectura de los boletines oficiales no suele resultar inspiradora. Casi todos se inscriben en un género literario basado en la costura de párrafos dispersos, en los que se descubre que las estrategias son conscientes, es decir que disfrutan de una capacidad cognitiva que suponíamos exclusiva de las especies con sistema nervioso. En cualquier caso, bienvenida sea la iniciativa, que reconoce la importancia de la I+D+i, y de un aspecto crucial en la formación de personal investigador. Es una lástima que sus generalidades no sean indicativas de que sus responsables entiendan realmente el papel de la investigación en el desarrollo social, y se siga confundiendo lo que debería ser inversión esencial estable con lo que se llama "gasto público adicional", un concepto tan críptico como "el principio de proporcionalidad realizado mediante los procedimientos indispensables". Pero lo más errático es el papel que parece otorgársele a la formación postdoctoral, añadiéndole un tufo endogámico indeseable, al incorporar unas condiciones temporales poco compatibles con los estándares internacionales, y al contribuir a generar un marco confuso en lo que se refiere a las entidades beneficiarias, en uno de cuyos apartados se cuelan las "entidades privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud". Entre los requisitos para solicitar una ayuda postdoctoral se incluyen algunos que parecen generados en un caldero de provincianismo mal cocinado. ¿Por qué motivo quien haya leído la tesis en una universidad pública no ubicada en Canarias no puede tener las mismas oportunidades que quien lo haya hecho aquí? ¿Qué se persigue, realmente, y qué se va a estimular con restricciones como esa? ¿Qué finalidad tiene que, en una estancia postdoctoral, un tercio de su duración se lleve a cabo en el lugar de origen y no en el de destino, y qué sentido tiene mezclar posibles tareas docentes con la actividad investigadora, que se deberá estar haciendo en el centro receptor? ¿No se tratará de un combinado en el que se han introducido peticiones de diversos orígenes, sin reflexión alguna sobre los objetivos que se buscan y sus consecuencias? Consolidar la capacidad de los centros y universidades canarias para hacer investigación e innovación de calidad exige invertir en la formación postdoctoral, así como en la atracción de personal formado. Confundir las dos cosas es una invitación al incesto cultural. Tal vez quien haya sido responsable no haya tenido la ocasión de identificar qué precisan las universidades y centros de investigación de Canarias, con objeto de codearse con sus equivalentes nacionales e internacionales, ni qué les van a exigir para ser reconocida su calidad. Lo cual no es de extrañar, teniendo en cuenta los bandazos en varios departamentos del actual ejecutivo desde su toma de posesión.