El nuevo consejero de Sanidad, Blas Trujillo, tiene hecha la mili política. Y se le nota. Ha entrado en la Consejería que más recursos económicos y más empleo mueve en las islas con un perfil premeditadamente bajo. Se ha pinchado una sobredosis de paciencia para aguantar las impertinencias de los medios, para tragarse la prepotencia de algunos sindicatos y para soportar la leña que le va a dar la oposición cuando las listas de espera nos salgan por las orejas como los pelos de un octogenario.

Trujillo pertenece al mismo parque de bomberos que Torres. Pero en el suyo además de manguera llevan hacha. Es el consejero que sabe que no puede fallar, porque en su departamento llueve sobre mojado. Y conoce cómo las presiones laborales se llevaron por delante a su antecesora en el cargo, cosa que envalentona mucho a los que se cobraron la pieza. Tres responsables lleva la Sanidad en un año. O sea, un sitio de riesgo.

El nuevo consejero ha descubierto que en la Sanidad canaria hay lugares donde siete de cada diez trabajadores están en precario. Se destornilla, con una risa sarcástica, hablando de que ha descubierto, después de tantos años de vida sindical, que existe un oximorón laboral denominado “eventuales estructurales”. O sea, como el silencio ruidoso. Aunque resulte mucho más irónico que el cien por cien de los trabajadores que están en el mercado laboral privado de las islas sean también “eventuales estructurales” o parados de larga duración. Pero es lo que hay.

El costo de la Sanidad de las islas será este año muy superior a los casi tres mil millones presupuestados a comienzos de año. No tanto por los sobrecostos del Covid-19 —que en teoría serán compensados por Madrid— sino porque la inercia histórica del sistema de Salud de Canarias es que siempre cuesta más dinero que le dan para prestar los servicios. Y sobre todo porque tras la distorsión que supuso el confinamiento —donde los hospitales se vaciaron de pacientes de casi todas las patologías— el pescado volverá masivamente a las pandorgas. O lo que es lo mismo, las listas de espera van a salirse por el techo.

Trujillo se la ve venir. La oposición que hoy gobierna fue muy cruenta con eso de que Canarias ocupe siempre los primeros lugares en tiempos de espera sanitario. “Estamos a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno”, machacaban desde la tribuna del Parlamento, tocando la tecla adecuada, porque era una triste verdad. Después de un año calamitoso, con pandemia mundial incluida, las cosas en la Sanidad de las islas no siguen igual: han empeorado muchísimo mas. Un sistema que no premia la productividad —ni castiga el absentismo— que padece sobrecostes no reconocidos y que ahora tiene que absorber un incremento de la demanda de la atención para el que no tiene capacidad de respuesta. Y al que le pasa todo eso en un momento fatal de caída de ingresos públicos y de crisis económica aguda. O sea, para echarse a temblar.

El recorte

Cada vez peor. Madrid no lo pone fácil. A su fiel militancia territorial se le está congelando la sonrisa. Y muchos, como en presidente Torres, tienen la cara morada de aguantar cachetones que no son para él. La última propuesta del Ministerio de Hacienda, confiscar el dinero ahorrado por muchos ayuntamientos españoles —unos 15 mil millones del ala— no es más que la confirmación de lo que era un secreto a voces: que el Gobierno central se apropiaría de todo el dinero ahorrado por las instituciones territoriales. Si no lo ha hecho es porque no se ha atrevido. Consejos vendo que para mi no tengo, decía el refranero español. La Administración Central del Estado ha ordenado a todo el mundo que controle el déficit público y que reduzca los gastos: a todo el mundo menos a ella misma. El único ahorro que se ha realizado en este país lo han hecho un par de comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y ahora, como premio, a todos los que consiguieron controlar sus gastos y respondieron con lealtad a las instrucciones de Madrid, les quieren mangar las perras delante de las narices. Defender esto —por mucho que las necesidades de España sean clamorosas— se vuelve muy difícil. Por no decir imposible. Y a algunos se les empieza a notar algo cansados de dar la cara por unos ministros que no se enteran de lo que cuesta un peine en provincias.