Un nuevo cero energético en Tenerife vuelve a poner en entredicho, a señalar, a la compañía Endesa y su capacidad para cubrir con solvencia y fiabilidad el servicio de producción eléctrica que necesitan todas y cada una de las islas. Es el segundo 'apagón' completo en diez meses, tras el producido a finales de septiembre del año pasado, pero es muy probable que no sea el último si como precedente tomamos en cuenta la decepcionante capacidad de reacción de la compañía eléctrica. Son ya cinco crisis de este tipo en Canarias en los últimos once años sin que durante tanto tiempo la multinacional -fundada por el desaparecido Instituto Nacional de Industria (INI) y ahora controlada por el Estado italiano a través de Enel, un cambio de propiedad que hay quien asocia al deterioro de sus servicios- se haya dignado a afrontar la modernización de sus instalaciones y su sistema de producción. A Canarias se le agota la paciencia ante tanta inseguridad en un servicio esencial para la vida de los ciudadanos y para el normal funcionamiento de sus empresas y de todo el sistema productivo. Deteriora la imagen que se transmite al exterior como destino turístico, o como territorio para la creación e instalación de empresas y negocios, y daña la autoestima ante la baja calidad y solvencia de un sistema tan esencial como estratégico.
Es evidente que el sistema eléctrico canario está sometido a una serie de características, circunstancias y consideraciones que obligan a mirar y analizar estos incidentes con mayor perspectiva y en toda su complejidad, pero resulta del todo inaceptable que Canarias siga sufriendo este déficit de calidad en su sistema energético como consecuencia de la objetiva falta de inversiones de la compañía responsable, en este caso de Endesa. Máxime cuando esta dinámica de apagones se concentra sobre todo desde la adquisición en 2007 de la corporación ahora presidida por Juan Sánchez-Calero, con José Bogas Gálvez como consejero delegado, por la italiana ENEL, propietaria de más del 70 % del capital. Su extraordinaria situación de solvencia financiera y bursátil es del todo punto incompatible con la racanería con la que está actuando en el Archipiélago, y con la que está tratando a los canarios.
Mientras se producen los apagones en Tenerife Endesa cierra el primer trimestre de este año con un beneficio neto de 844 millones de euros, un crecimiento del 133% (más del doble) frente a los 363 millones del mismo periodo de 2019. Además, la dirección de la empresa aprobó el año pasado una nueva política de retribuciones para el periodo 2020-2022 que incluye pasar de tres a cuatro millones (un 33 % más) la retribución máxima que pueden recibir los "administradores" en su condición de tales.
Son elementos que inciden aún más en el sonrojo que los apagones en Canarias deberían provocar en sus directivos. La 'avería' del miércoles pasado volvió a producirse en la central térmica de ciclo combinado de Granadilla, a todas luces obsoleta, contaminante y anacrónica como la mayoría de las restantes plantas generadoras de la compañía en las Islas. Si bien es cierto que la central se mantiene condenada a la utilización del gasoil como fuente de producción por el bloqueo político a la entrada del gas, así como a la existencia de otra serie de condicionantes inherentes al sistema eléctrico canario -insular y aislado- nada puede justificar la incapacidad técnica, tecnológica, operativa y financiera de Endesa para corregir las deficiencias que se vienen demostrando desde hace tiempo en esa planta.
La ausencia de explicaciones de la empresa a la opinión pública tinerfeña y del conjunto del Archipiélago demuestra de facto el reconocimiento implícito de que no tienen desarrollado una verdadera estrategia de control de posibles fallos. Es inexplicable que cada vez que se origina un problema la avería se convierta en un apagón generalizado, sin capacidad para poder aislar o embolsar cualquier incidente técnico y minimizar con ello los efectos.
Lo que se ha demostrado es que la más mínima afectación traslada a todo el sistema de la central el contratiempo, y lo que podría ser un corte parcial limitado geográficamente a alguna parte de la Isla, se convierte en un cero energético global, con el corte del suministro durante horas en empresas, hogares, hoteles, administración, hospitales, comercio, explotaciones agrarias, transporte, circulación vial, comunicación, conexiones digitales... Es decir, la actividad cotidiana de una isla con un millón de habitantes que de repente se retrotrae a los años de la preindustrialización en que la energía eléctrica se percibía casi como un milagro y prender la luz en los techos de nuestros hogares como un acto de magia. ¿Está Endesa en disposición de garantizar que sus centrales térmicas del resto de las Islas están libres de sufrir averías como la de Granadilla? Mucho nos tememos que no es así. Algunas de las instalaciones operativas en las tres islas orientales están tan obsoletas y son tan contaminantes como la tinerfeña.
Cuando toda la sociedad canaria acomete un futuro lleno de incertidumbres económicas por la crisis derivada de la pandemia por coronavirus, y se multiplican los esfuerzos de administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanos para poder recuperar la normalidad y la actividad turística, nuestra principal fuente de riqueza, incidentes como este suponen un golpe gravísimo y empaña la imagen que pretende dar Canarias como destino turístico moderno y sostenible. Con 1.229.647 clientes, a quienes suministra energía a través de una red de líneas de 26.027 kilómetros de media y baja tensión, 46 subestaciones y 8.739 centros de transformación, Endesa es más que una simple compañía eléctrica en las Islas. Tiene una responsabilidad social, un compromiso con esta tierra, más allá de la simple explotación de sus recursos y la obtención del máximo beneficio económico.
Tras el apagón Endesa se ha comprometido a abrir una investigación, mientras en paralelo la compañía y Red Eléctrica Española (REE) están inmersas en estos momentos en sendos procedimientos sancionadores, de 10 y 30 millones respectivamente, por parte de la Administración canaria por el apagón de septiembre, del que ambas fueron corresponsables. En ambos casos, tanto en el cero energético de septiembre como en el de ahora, no cabe otra cosa que reclamar y exigir a todas las partes, empresas y poderes públicos, celeridad y determinación máxima en concluir los procesos cuanto antes.
La investigación interna en Endesa debe ser rápida, clara, sin tecnicismos, ni ambigüedades. La compañía está acostumbrada desde una situación de práctico monopolio en las Islas a sentirse con un poder absoluto como para doblegar voluntades, obstaculizar investigaciones, camuflar fallos y buscar culpables externos en los errores propios. El clamor social y político por esta nueva afrenta de Endesa a la sociedad canaria no tolera más excusas. El daño ya está hecho. Al Gobierno de Canarias le corresponde ahora imponer una sanción ejemplar. El dinero repara el daño económico por las siete horas de apagón, pero la multa tiene que ir más allá de un correctivo económico asumible para una multinacional como Endesa. No todo se solventa con dinero. A la compañía se le tiene que exigir no solo que pague, sino que subsane la deficiente calidad y seguridad del servicio que presta. Habituada a buscar responsabilidades en "agentes externos" o a las condiciones atmosféricas adversas la compañía, con apagones como el del miércoles, es su propia incidencia, es una anomalía del sistema.
"Nos esforzamos por estar a la vanguardia de los desarrollos en el sector energético para llevar energía segura, asequible y sostenible a millones de personas. Conscientes del profundo cambio que la industria está experimentando, nos situamos en una nueva era de la energía, más abierta, participativa y digital", presume Endesa en su web corporativa de unos valores como marca que tras el apagón se transmutan en torpeza, tacañería, autosuficiencia y prepotencia.
