Román Rodríguez sigue repartiendo promesas optimistas como si no hubiera un mañana. Ayer se descolgó de nuevo en Fuerteventura con el mantra de que no habrá recortes ni en sanidad, ni en educación, ni en los servicios sociales, aunque esta vez -con la boca chica- puntualizó que no los habrá en 2020. No es que dijera que los habrá el año siguiente, pero ya saben lo que significa cuando un político pone fecha. Que después es territorio incógnito. Porque todas las optimistas previsiones que se hacen ahora están condicionadas a que no se vuelva a disparar la enfermedad y haya que decretar un nuevo confinamiento.

Rodríguez insistió en recordarnos que para que no se produzcan recortes (de salarios públicos y pensiones esta vez no dijo nada, no es asunto de su competencia) Canarias precisa que Madrid autorice la utilización de los recursos y ahorros de la región y permita ese endeudamiento que en otras ocasiones él mismo ha calificado de "endeudamiento masivo". En efecto, para que no se produzcan este año recortes en los servicios públicos, será necesario endeudarse hasta las cachas. No hace falta ser el médico chino para saber eso. Ni tampoco para entender que en 2021 y 2022 será inevitable meter tijera, sí o sí. Porque lo que no nos ha dicho el consejero de Hacienda es que Canarias tardará como mínimo una década en recuperarse del impacto que supondrá para la economía isleña la deuda provocada por la crisis del Covid-19.

¿Diez años pagando lo que el gobierno se gaste ahora? Sí, aunque no empezaremos a notar el agobio hasta 2021, porque este año la merma de ingresos presupuestarios -que un informe de la AIREF cifra entre 2,2 y 2,6 puntos del PIB, este primer año- será corregido por diversas situaciones que no se repetirán en 2021. La primera, el superávit canario de 2019, que la AIREF eleva hasta el 0,7 por ciento del presupuesto; la segunda, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, que Hacienda calculó para 2020 (ya no ocurrirá lo mismo en 2021) sin contar con la crisis sanitaria; y la tercera, los ingresos extra que el Estado repartirá a cuenta del Fondo para paliar los efectos del Covid.

Aún así, la AIREF calcula que la crisis va a suponer en este primer año una reducción de ingresos de entre el 2,2 y el 2,6 por ciento del PIB canario, no sólo por la estrepitosa caída de ingresos fiscales, fruto del parón económico y del consumo, también porque los gastos han aumentado este año -y seguirán haciéndolo- como consecuencia de todo el dinero destinado a sostener la respuesta sanitaria a la enfermedad, y las medidas para paliar los efectos de la crisis en personas, familias y empresas. Entre mil y 1.200 millones de euros menos, sin sumar lo que vaya a gastarse para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores este próximo curso escolar, o lo que nos cueste el Ingreso Mínimo Vital, dos gastos extraordinarios cuya cuantía la Hacienda canaria no ha comunicado aún a la Autoridad Fiscal.

Diez años, pues, pagando deuda, y eso en el mejor de los casos. Lo peor es que es difícil plantear cualquier otra opción. Pero lo que sí podría -y debería- hacer Román Rodríguez es dejarse de ofrecer falsas garantías y preparar ya los recortes que acabará por aplicar, procurando que afecten menos a quienes menos tienen.