Perdone el lector, pero voy a escribir sobre lo que habría que hacer para que la economía española recupere su buena salud. Sí, ya sé que se ha dicho todo lo relevante. Pero me parece que vale la pena insistir en aspectos que pueden ser importantes -y seguiremos pedaleando sobre esto durante mucho tiempo-. Además, siento un gran aprecio por la disposición de los ciudadanos a participar en las discusiones públicas, porque, me parece, este es un pilar de la democracia al que no damos la importancia que tiene. Y así nos va.
Quiero hablar de un problema que no va a ser el más relevante en los próximos meses o años, pero que, me parece, no debemos olvidar. En el corto plazo, las políticas públicas se están dirigiendo a mantener la recuperación todo el tiempo que sea necesario, continuando con las líneas marcadas desde el principio: mantener el empleo, permitir que los trabajadores conserven su relación con la empresa, para no perder el capital humano y organizacional que tenemos, y conseguir un pronto regreso a sus puestos de trabajo. Instrumentos para ello han sido los ERTE, la cobertura por el Estado de parte de los ingresos de los trabajadores afectados y las políticas de mantenimiento de la liquidez de las empresas, mediante el aplazamiento de algunos pagos y las garantías crediticias.
Todavía existen muchas incógnitas sobre cómo será la estructura productiva dentro de unos cuantos meses, pero, sin lugar a dudas, experimentará cambios importantes. Las cadenas de suministro serán distintas, los bienes demandados por los consumidores experimentarán cambios, las tecnologías seguirán alterando la demanda de trabajadores de distintas cualificaciones y sectores enteros, desde la restauración y el comercio local hasta la hostelería y la educación, experimentarán cambios importantes.
El problema al que me estoy refiriendo aquí es el de los cambios en la solvencia de muchos deudores, cuyos ingresos se verán afectados por la caída de la demanda y el bloqueo de la producción, por los distintos ritmos de la recuperación y, al final, por las distintas expectativas de crecimiento de los sectores. Las políticas públicas han facilitado el crédito en las primeras etapas, y el Banco Central Europeo ha apoyado ese crédito con tipos de interés muy bajos y compras masivas de deuda pública y privada. De este modo han reducido la inevitable crisis de liquidez, pero no la de solvencia, de modo que muchos expertos temen que, a medio plazo, las cifras de morosidad se multipliquen.
Una vez más, los gobiernos tendrán que disponerse a actuar en este terreno, cuando la morosidad afecte a las instituciones crediticias y a la valoración de los activos financieros. Un salvamento masivo de las empresas con dificultades supondría mantener vivas muchas zombis, perjudicando la calidad de los activos de los bancos, aumentando indebidamente el nivel de la deuda pública y deteriorando su calidad. Dejar las cosas en manos de los tribunales significaría arrastrar el problema durante largos años, con altos costes privados y sociales y mucha incertidumbre. Por otro lado, decidir a priori qué empresas son viables pese a sus dificultades financieras a corto plazo, y cuáles no lo son, puede ser una decisión arbitraria.
No es fácil resolver este problema, pero me parece que nuestros colegios de economistas tienen recursos para ofrecer algunas soluciones. Habrá que contar con la participación del sector público que, querámoslo o no, ya es un importante acreedor de las empresas con dificultades, a partir de sus políticas de ayuda y de sus garantías al crédito. El problema se complica por la necesidad de buscar empleo para los que vayan al paro, probablemente junto con programas de recualificación profesional, lo que implica al sector educativo. Y tiene una dimensión financiera importante, ya que las carteras de créditos dudosos ocuparán, al menos durante unos cuantos años, un hueco importante en el activo de muchas instituciones financieras, fondos y bancos de inversión. Sin olvidar el impacto que esto puede tener en la estructura y valor del patrimonio de muchas familias.
O sea, un problema más para esas mesas de diálogo que tienen que formarse entre el sector público y el privado, tanto empresarial como financiero, y la sociedad civil. Un problema que se irá desenvolviendo a lo largo del tiempo, pero al que conviene adelantarse, porque es importante para la estabilidad económica y la capacidad de recuperación de la crisis actual.
(*) Profesor del IESE
