La semana pasada, por acuerdo de los principales partidos del Parlamento, se decidió posponer el sistema de elección de la próxima Junta de Control de la televisión canaria, prevista en la ley actual, hasta el próximo periodo de sesiones. Eso significa que la tele regional seguirá siendo administrada sin control de ningún tipo por el actual administrador único, el periodista Francisco Moreno, al menos durante lo que queda de este año. Se trata de una situación bastante extraña, porque Moreno accedió a su cargo de forma provisional y comprometiéndose ante la Cámara a asumir el carácter excepcional de su mandato. Lo cierto es que ni él ni el Gobierno regional parecen tener interés alguno en que se acabe con la excepcionalidad articulada en junio de 2018 con el nombramiento de José Carlos Naranjo. Esa solución provisional pretendía resolver el desastre de un Consejo Rector diseñado para controlar los excesos que llevaron a Willy García a los tribunales, y que fue intencionadamente reventado desde dentro, nada más comenzar su andadura, bloqueando la capacidad de contratación de la tele. El nombramiento de Naranjo debía durar solo hasta que se produjeran -como ya ocurrió- los cambios necesarios en la ley de radio televisión pública para que la televisión pudiera funcionar con normalidad y garantías de independencia del poder ejecutivo. Naranjo hizo lo que realmente se esperaba de él -repartir contratos antes de las elecciones- y logró vivir tranquilo algo más de un año. Cuando entró el nuevo Gobierno, fue sustituido por Moreno, que ya había sido director general de la tele en la etapa presidencial de Román Rodríguez. En su reelección como mandamás catódico regional, Moreno demostró su proverbial habilidad para muñir apoyos y logró el de todo el Parlamento, con la excepción de los dos diputados de Ciudadanos. En menos de un año, y a pesar de algún error de bulto, como la celebración de un ágape para celebrarse a sí mismo, Moreno ha convertido la televisión canaria en un instrumento perfectamente afinado, en el que solo de vez en cuando se producen situaciones tan extrañas como que un periodista de izquierdas le falte el respeto a una política de derechas hablando del tamaño de su cerebro. O que un debate en el que se descalifican supuestas amenazas de la ex alcaldesa de Santa Cruz se produzca sin informar previamente de la existencia de tales supuestas amenazas. O que el propio administrador único entreviste sin pudor alguno al presidente del Gobierno que le ha nombrado, como si no hubiera periodistas en la casa€
Por eso tampoco es de extrañar que hoy, el Parlamento valide un decreto del Gobierno otorgando al señor Moreno la potestad de pasarse por el arco de triunfo la ley de contratos del Estado. Y no es que lo diga yo: es que lo dice el Consejo Consultivo, en un informe absolutamente demoledor, en el que constata que lo que el Gobierno pretende con su decreto se parece bastante a lo que el Código Penal define como abusos deshonestos.
Han pasado ya dos años de situación excepcional, en los que Naranjo y Moreno -uno por los de antes, el otro por los de ahora- han mangoneado la tele sin que nadie les chiste. Por eso, va siendo hora de acabar con la administración única, de aplicar la ley, de elegir la Junta de Control, y convertir a Moreno (o a quien le plazca a Román) en un director general sometido a escrutinio, para que la tele parezca una radiotelevisión pública y no esta tele local que nos cuesta casi 50 millones de euros (y siete más que Moreno va a pedir ahora).
