Conforme a la ley, el Consejo General del Poder Judicial está compuesto por veinte vocales, designados todos ellos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos entre jueces en activo y juristas de reconocido prestigio por un tiempo de cinco años, transcurrido el cual debe renovarse íntegramente. Se trata esta de una institución cuya función es la de gobernar el Poder Judicial, evitándose una indeseable injerencia por parte de otros poderes, especialmente el Ejecutivo o un Legislativo que, como es sabido, funciona más bien como mero apéndice de aquel y correa de transmisión de los partidos políticos. Esa dependencia o anulación efectiva de los Poderes del Estado y su sustitución por unos partidos ilegitimados para actuar tal abuso es evidente cuando de constituir y designar a los miembros de las instituciones del Estado se trata.

Desde el año 1985, los doce miembros de pertenencia judicial del CGPJ son designados por el Congreso y el Senado, un sistema que el PSOE promovió con fines claramente dirigidos a controlar el Poder Judicial mediante la incorporación mayoritaria al mismo de jueces de los llamados progresistas. Y que el TC avaló, aunque con palabras de atención hacia el peligro que suponía, lo que no tardó en hacerse realidad.

De igual modo, aunque en este caso por determinación de la Constitución, el Tribunal Constitucional debe renovarse por terceras partes cada cuatro años, dependiendo la elección de la institución a la que corresponda designar a los nuevos magistrados: Congreso, Senado, Gobierno o CGPJ.

Pues bien, el mandato del Consejo General del Poder Judicial se cumplió en diciembre de 2018, mientras que el plazo para renovar a cuatro Magistrados del TC venció en noviembre de 2019, siendo el Congreso el que debe designar a los cuatro nuevos Magistrados por mayoría de tres quintos.

En ambos casos y siguiendo una larga tradición fruto de la radicalidad de la política española, el acuerdo entre los partidos mayoritarios ha sido hasta ahora imposible, sin que les preocupe mínimamente que la Constitución y las leyes se incumplan, que las instituciones excedan sus mandatos y que las designaciones se manchen con sospechas de parcialidad.

En este caso es el PP, partido que obtuvo noventa diputados, el que bloquea estos nombramientos manteniendo en las instituciones mencionadas unas mayorías ficticias e ilegítimas conforme al sistema vigente. Pues este es el resultado de retrasar lo debido legalmente, el alargamiento ilícito de lo que la ley dispone para un plazo determinado y dependiente de las mayorías parlamentarias o, mejor dicho, de los partidos que las administran sin rubor, ni guardar las apariencias.

No voy a negar que en lo relativo al CGPJ este sistema, desde su nacimiento, tuvo como finalidad la de controlar un Poder cuya independencia molesta e inquieta a todos, de derechas e izquierdas. Pero, es principio básico de los sistemas democráticos que la ley se acata y cumple, aunque no guste y que los partidos políticos deben ser ejemplares, los primeros en esa subordinación. Y tampoco es incierto que el PP, que ahora proclama a los cuatro vientos sus deseos profundos de reformar el sistema para regresar al anterior a 1985, cosa loable, ha tenido oportunidades de hacerlo cuando tuvo mayorías absolutas suficientes y no lo hizo. Tal vez porque el sistema, perverso en su esencia, es útil para los partidos cuando pueden controlarlo. Creer al PP en este momento y en las razones que esgrime es algo más que cuestión de fe, seguramente ingenuidad. De las lealtades inquebrantables nace siempre la negación de la libertad.

Debe este partido no colocarse en situación de franca rebeldía, centrar sus posiciones y negociar las renovaciones de modo inmediato. Porque se trata de instituciones del Estado, no de instrumentos al servicio de los partidos políticos y de sus intereses más elementales. Y, si quiere y decide ser coherente con sus principios, que no con sus estrategias, avanzar una profunda reforma cuando pueda y en el sentido de devolver a los Jueces la competencia perdida de designar a los consejeros judiciales. Pero, hoy y ahora no puede negarse a cumplir la ley aduciendo que quiere lo que ha demostrado no querer cuando ha podido.

Y, en el caso del Tribunal Constitucional, acatar la Constitución directamente, ponerse de acuerdo inmediatamente y aceptar que las cosas son como son porque se ha votado como se votado. Eso es la democracia y el imperio de la Ley y la voluntad popular. Y eso vale para todos.

En todo caso, el margen de negociación en estas instituciones es bastante limitado, aunque haya quien las ha recorrido todas, de arriba abajo, pasando por el Gobierno. De los unos y de los otros.

Los designados, salvo excepciones contadas, suelen ser personas con méritos para estar ahí y que, al margen de su ideología, no son sospechosos de ponerse a las órdenes de nadie. Sí, seguramente, asumirán las grandes cuestiones que definen las posiciones políticas, que comparten; pero difícilmente las presiones o indicaciones que se les hagan llegar. Se trata de profesionales respetables que, en el punto más alto de sus carreras, no las supeditan a intereses inmediatos jugando con su prestigio. Y que, en la casi totalidad de los casos superan en méritos a quienes los designan. Tampoco es que sea difícil.

(*) Catedrático de Derecho Procesal