La mejor descalificación política en vivo se la escuché a Román Rodríguez el mandato pasado. El líder de Nueva Canarias desgranaba en la tribuna sus críticas al Gobierno de Clavijo y llegó un momento en que la irritación pareció ganarle. "Ustedes€ Ustedes€ ¡Ustedes no son profesionales!" Un responsable político no puede y a menudo no debe ser heroico, pero está obligado a ser profesional: a emplear los mejores recursos para conseguir sus objetivos estratégicos y programáticos sin excusarse en su propia retórica. La desintegración del PSOE de Arona es entre otras cosas un indicio de la debilidad organizativa de los socialistas tinerfeños que hace tiempo corre el riesgo de derivar a una colección de franquicias.

La draconiana decisión la tomó Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial de la comisión ejecutiva de federal, que lleva estos conflictos con el corazón seco y el látigo de esparto. Ni Ángel Víctor Torres ni Pedro Martín, el secretario general de los socialistas tinerfeños, pudieron, quisieron o supieron enfrentarse a la situación, ni mucho menos preverla, cuando los signos del deterioro y el escándalo ya eran evidentes. Tampoco se ha visto al diputado Héctor Gómez, quien siempre ha presumido de su amplia influencia en los sures socialistas, de donde salió hacia una grata y silenciosa carrera en Madrid.

Es realmente sorprendente que los responsables del PSOE hayan asistido impávidos al asombroso espectáculo de una mayoría absoluta que implosiona entre fundadas sospechas y acusaciones internas de corrupción y autoritarismo. El alcalde José Julián Mena se permitió destituir a Luis García, su concejal de Urbanismo, sin comunicárselo a la dirección insular de su partido. En realidad ni siquiera reunió a su agrupación local. Es incomprensible, asimismo, que nadie en todo ese sur haya señalado la inconveniencia de contratar como asesor a Nicolás Jorge, con el que mantiene una antigua amistad, pero que se encuentra judicialmente investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. ¿Y la presencia mariposeante del abogado Felipe Campos en las oficinas de Gerencia de Urbanismo, sus reuniones con el alcalde, sus exigencias sobre técnicos municipales? ¿Absolutamente nadie de los órganos de dirección insular del PSOE sabía nada de eso? ¿Quizás suponían que Campos pertenece a la congregación de las Misioneras de la Caridad? ¿De cuánta autonomía dispone un alcalde en sus relaciones con los grandes empresarios de su municipio cuando su municipio es uno de los principales destinos turísticos de Tenerife?

La organización socialista tinerfeña se encuentra en un grado notable de hibernación. Pero la responsabilidad de lo ocurrido no es solo de Mena, y Pedro Martín, José Miguel Rodríguez Fraga o Héctor Gómez deberían ofrecer explicaciones.