En su rueda de prensa de ayer -que sirvió para que muchos, dentro y fuera de Tenerife, oyeran su voz por primera vez- Matilde Zambudio, primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, no tuvo a bien facilitar a los medios de comunicación la auditoría que mandó a hacer la empresa pública. Tampoco quedó muy claro cuándo encargó la auditoría externa, una investigación que, al parecer, se centra en los ejercicios de 2017 y 2018, cuando la entidad estaba bajo la dirección política del concejal Alfonso Cabello. Como la Sociedad de Desarrollo es auditada anualmente siguiendo el mandato y el control del interventor municipal, y toda vez que las inspecciones de los años anteriores no registran ilegalidades contractuales, solo cabe imaginar que Cabello enloqueció entre 2017 y 2018 hasta el punto que -afirma la auditoría ad hoc de Zambudio- el 95% de los contratos suscritos por la Sociedad de Desarrollo son ilegales. Por la tarde, en una entrevista del programa Buenas Tardes Canarias, José Ángel Martín Bethencourt fue incapaz de precisar un solo dato concreto de la auditoría, "porque eso lo lleva doña Matilde Zambudio".

La todavía responsable de la Sociedad de Desarrollo anunció que llevaría la terrorífica auditoría bajo encargo hasta la Fiscalía. Es bastante asombroso que el 95% de los contratos que suscriba una empresa pública sean ilegales. Porque ese volumen de contrataciones y recursos comprometidos al margen de la normativa legal -fruto de una práctica política que Zambudio calificó de sistemática- solo puede concebirse con una activa complicidad de los empleados públicos y el concurso directo e indirecto de toda la dirección técnica del funcionariado santacrucero. Si la concejal se refiere al 95% del gasto comprometido por la sociedad en el transcurso de esos dos años, y no a los contratos, la complicidad funcionarial y la negligencia burocrática también serían evidentes, pese a haber tenido la astucia de cantar las alabanzas de los trabajadores públicos.

Patricia Hernández y Matilde Zambudio no solo quieren montar un humeante espectáculo de denuncias y descalificaciones en el abrupto fin de su mandato: preparan una incesante campaña política para los próximos tres años. Ya UP ha pedido una comisión de investigación sobre Emmasa; se solicitará otra sobre la Sociedad de Desarrollo; llegará una tercera sobre la verdadera estatura de José Bermúdez, oculta alevosamente por la acorazada mediática de Coalición Canaria. De lo que ha hecho Zambudio al frente de sus áreas de gobierno, en cambio, no se dice una palabra. Y es absolutamente normal que sea así, porque la señora Zambudio no ha hecho nada. Absoluta, completa y hasta primorosamente nada. Además de la Sociedad de Desarrollo -desde la que ha sido incapaz de abonar las ayudas a las empresas y autónomos prometidas por la alcaldesa y por ella misma-, ha demostrado su imperturbable desidia y su ausencia de talento político en Cultura -ni una sola iniciativa programática, ni un gesto de empatía hacia el sector- y su indiferencia brutal hacia el Patrimonio Histórico: ni se ha molestado en cubrir las plazas gerenciales imprescindibles para su correcto funcionamiento. Nada. Una nada insondable. Una inmaculada nada nadeante.