Cuando apenas falta una semana para que Matilde Zambudio deje de ser responsable de la sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, la concejal precipitó ayer una rueda de prensa, celebrada con carácter de urgencia, para presentar una auditoría realizada por encargo suyo. Según la concejal, la auditoría revela que hasta el 95 por ciento de los contratos realizados por la empresa municipal durante la etapa de Gobierno de Coalición Canaria vulnera la ley de contratos públicos. Dice Zambudio que la práctica totalidad de las contrataciones se hicieron de manera discrecional y que no se pedían tres presupuestos antes de contratar, tal y como establece la ley de contratos del Estado. En realidad, la ley establece ese requisito para los contratos de menor cuantía y sin publicidad, una excepción a la norma, que es la de contratar por el formato de libre concurrencia. La entrega de tres presupuestos es -en muchos casos- un sistema bastante relamido para sortear el procedimiento abierto. La mayor parte de las empresas públicas actúan con mayor discrecionalidad que las corporaciones o instituciones de las que dependen. De hecho, podría decirse que muchas de las empresas públicas fueron creadas para poder ocuparse de encomiendas realizadas por sus matrices, escapando a las rigideces del sistema de contratación y permitiendo una mayor agilidad y capacidad de respuesta a los problemas administrativos. Precisamente por esas facilidades, muchas empresas públicas han sido en este país un semillero de golfadas. Sus empleados suelen ser más permeables a las instrucciones políticas que los funcionarios de carrera, y hasta que la lucha contra la corrupción generalizada en las instituciones endureció todos los sistemas de contratación, las empresas públicas estaban exentas en algunos casos de la aplicación de la ley de contratos del Estado.

Aún así, la inexistencia de tres ofertas no significa -por sí misma- que una contratación esté fuera de la ley, como ha dicho Zambudio. Los contratos inferiores a tres mil euros no precisan de tres ofertas, ni tampoco aquellos en los que existe un solo proveedor: si la sociedad de Desarrollo quiere comprar un cuadro -uno en concreto- tendrá que acudir a su dueño, no hay forma de que se hagan tres ofertas. Y lo que vale para un cuadro vale para muchas otras cosas. Habrá que mirar la letra menuda de la auditoría, y aplicar la ley y el sentido común. Eso es lo que le tocará hacer a la fiscalía provincial. Porque Zambudio dijo también que llevará este asunto a la Fiscalía, confirmado la tendencia del actual equipo municipal a dedicar -desde hace unos meses- una parte importante de su propia gestión a levantar alfombras ajenas. Es muy posible que, dado que la Justicia es desgraciadamente muy lenta, las denuncias de Zambudio y de otros miembros del equipo de Gobierno de Patricia Hernández coincidan con otras denuncias del nuevo equipo que surja de la moción de censura, estas contra los actuales gobernantes.

El caso Julio Cruz, ex secretario de organización del PSOE canario, contratado por la alcaldesa, con el visto bueno de toda la comisión de Gobierno, y a pesar de haber quedado tres puestos por detrás del candidato con mayores méritos, ya va camino de los tribunales. Esta tendencia a dirimir todos los conflictos en los juzgados es otra demostración del creciente fracaso de la política. No se trata de tapar entre todos lo que se hace mal, sino de no tirar de los jueces para destruir al adversario. Pero no creo que esto vaya a parar, y por eso sospecho que la fiscalía va a estar muy pero que muy ocupada en los próximos meses con las denuncias de unos y de otros.