Solemos escuchar a algunos de los representantes políticos subrayar la importancia de potenciar lo público, como la mejor garantía de los derechos de las personas. Un enfrentamiento entre lo privado, entendido como negocio, y lo público como servicio. Hemos asistido recientemente a la liberación por parte del gobierno de la nación de una significativa cantidad de dinero para apoyar la educación en centros de titularidad pública, y no para los de titularidad privada y con conciertos con la administración educativa. Lo público y lo privado.
Los servicios públicos, eso que aparece en la matrícula de los vehículos con las dos letras "SP", y que unas veces nos transportan mercancías o nos trasladan de un lugar a otro, como es el caso de los taxis, son de titularidad privada, pero prestan un servicio público. ¿Está bien que existan servicios públicos de titularidad privada? ¿O solo deben existir servicios públicos de titularidad pública? ¿Hasta dónde se justifica la participación de los ciudadanos en la organización de la vida social?
No sé por qué me huelen estas discusiones a ideología y a postura radical sin criterio suficiente. No sé por qué tengo la sensación que hay detrás de estas disputas una forma de concebir la vida social y de concebir el principio de autonomía de los individuos en una vida en sociedad. Y cuando se expresan bajo discursos de derechos sociales, debemos hacer alguna reflexión para que no se pierda en el diálogo el razonable espíritu crítico.
Los derechos que se consideran como básicos, vitales y fundamentales, como la sanidad y la educación, ¿son derechos más básicos que el derecho a la vivienda o el derecho a la alimentación? No considero que alguien cuestione que un agricultor siembre su huerta y venda sus productos de manera libre. ¿La educación de las próximas generaciones no es una responsabilidad de los progenitores? La administración pública ¿qué debe garantizar?
Me gustaría ofrecer algunas ideas en torno al principio de subsidiariedad. Contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público. Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado, considerado asistencial, provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. La ausencia o el inadecuado reconocimiento de la iniciativa privada, incluso económica, y de su función pública, así como también los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiariedad.
En la práctica, ¿cómo se respeta el principio de subsidiariedad? Pues con el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia; con la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias, en sus opciones fundamentales y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otros; en el impulso ofrecido a la iniciativa privada, a fin que cada organismo social permanezca, con las propias peculiaridades, al servicio del bien común; con la articulación pluralista de la sociedad y la representación de sus fuerzas vitales; con la salvaguardia de los derechos de las personas y de las minorías; con la descentralización burocrática y administrativa; con el equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado; con una adecuada responsabilización del ciudadano para ser parte activa de la realidad política y social del país.
No es adecuado confundir servicio público con titularidad pública. No está bien privar a la persona de su capacidad de iniciativa y participación. No infantilicemos a la sociedad.
(*) Delegado de Cáritas diocesana de Tenerife
