Luis García, concejal de Urbanismo de Arona hasta que fue cesado hace dos semanas por José Julián Mena, se presentó ayer en los Juzgados de Arona para testificar como denunciante en el caso que ha hecho saltar al PSOE aronero por los aires. García se personó en el juzgado cargando un maletón con documentos y pruebas, y una lista de empresarios dispuestos a testificar y aportar evidencias sobre diversos intentos de extorsión a los que habrían sido sometidos. Entre las pruebas figura una grabación en la que se puede escuchar a quienes los empresarios identifican con el conocido especialista en derecho urbanístico Felipe Campos y la hermana del alcalde Mena, negociando una recalificación de suelo. Campos solicita como pago por la recalificación 50.000 euros de honorarios profesionales, además de la cesión de un cinco por ciento de la edificabilidad del suelo, si la recalificación se consolida en el Plan General de Ordenación que tramita el Gobierno municipal de Arona.

García acudió a los juzgados acompañado por dos colegas suyos en el consistorio, los concejales José Luis Gómez y Sebastián Roque, ambos integrantes hasta el cese de García de la mayoría gobernante, y ahora cabecillas -junto al denunciante- del grupo de munícipes que han pedido al PSOE regional que intervenga para restituir al concejal cesado en sus competencias de Urbanismo, y para evitar injerencias en la adopción de decisiones del Ayuntamiento por parte de Campos y del asesor y hombre de confianza del Mena, Nicolás Jorge.

Antes de que se produjera ayer la comparecencia del denunciante en la fiscalía provincial, el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres intentó por todos los medios a su alcance que las partes llegaran a un acuerdo que evite una crisis de la mayoría socialista en Arona. Pero las posiciones se han demostrado irreconciliables: el alcalde se niega a participar en reuniones en las que participe su ex concejal de Urbanismo, se niega por supuesto a readmitirlo, y tampoco está dispuesto a prescindir de su asesor y amigo Nicolás Jorge, que estos últimos días ha permanecido encerrado durante horas en la alcaldía, revisando minuciosamente los expedientes de urbanismo, en compañía del abogado Corsini, uno de los que asesoró a Jorge en el caso Granadilla.

Ante esa negativa del alcalde a restituir a García en su cargo, y del grupo de los disidentes a aceptar el liderazgo de Mena, Ángel Víctor Torres decidió trasladar la decisión final sobre el futuro del PSOE de Arona a la Ejecutiva Federal, que este fin de semana enviará al Ayuntamiento un negociador cuya misión es desatascar la situación u optar definitivamente por una de las dos partes. Esta es la segunda vez que el PSOE manda a un negociador para resolver este conflicto. El primero, enviado por la ejecutiva regional, no llegó a ser recibido por Mena, alegando problemas de agenda.

Existe un gran pesimismo en el PSOE regional sobre la posibilidad de que el conflicto pueda resolverse sin graves daños. Y en los últimos días, tras evacuar consultas con ambas partes y recibir información y documentación que avalaría las razones que esgrimen los disidentes, parecida información a la que ayer entregaron en la fiscalía, la situación, inicialmente favorable a Mena, parece inclinarse de facto en contra suya. Ni un solo directivo del partido, a ningún nivel, ha salido a defender públicamente al alcalde. Torres mantiene un absoluto hermetismo sobre este asunto, pero su decisión de lavarse las manos y pasar el problemón a Madrid indica que no quiere equivocarse en la apuesta, defendiendo actuaciones que ya circulan en grabaciones y papeles por los mentideros de Arona, y que pueden empezar a transcender en los próximos días.