Como a casi todo el mundo, los ERTE me producen una malsana fascinación. Especialmente por la capacidad de formalización de un mito que se ha instalado en la conciencia colectiva con una fuerza extraordinaria: los ERTE se pueden estirar hasta el infinito. Hasta después del verano, no, hasta fin de año, mejor, hasta la próxima primavera. Ya saben, el mantra de que los ERTE vienen para quedarse. Como el teletrabajo. Como cosas que nos parecían espeluznantes hace tres meses y ahora debemos considerar una bendición. Ya se sabe que la UE ha establecido un programa para financiar expedientes de regulación temporal con un fondo de hasta 100.000 millones de euros (la iniciativa SURE) pero todavía no se puede acceder al mismo y la cantidad, aunque muy alta, tampoco es infinita. No somos los únicos jodidos. ¿Saben ustedes que casi el 46% de los empleados franceses está incurso en un ERTE, la mayoría con salarios medios muy superiores a los españoles? Francia se lanzará sobre la SURE como un halcón. Se van a imponer requisitos y condiciones. Como para todos los fondos previstos. Los que sueñan con una especie de barra libre crediticia deberían dejar de contar semejantes patrañas.

Los ERTE presentan pegas: solo benefician a empleados indefinidos y no a los temporales; pueden producir distorsiones que lleven a una menor eficiencia, "pues la reducción de las horas que se negocien pueden no corresponderse con la demanda de trabajo realmente necesaria"; reducen de manera ineficiente la reasignación de trabajadores desde empresas o sectores menos productivos a otros más productivos; la sustitución del empresario por el Estado para un diseño que ajuste horas y costes laborales no siempre puede ser inteligente y eficiente (Juan Francisco Jimeno).

En Canarias son unos 200.000 ciudadanos los que están incluidos en expedientes de regulación temporal (más de 220.000 están en paro). En más de un 25% de los casos su gestión administrativa ha presentado dificultades que han retrasado el pago de los emolumentos a los trabajadores. La mayoría, según afirman desde el Gobierno autónomo, se mantendrán hasta finales de septiembre. Y a partir de ahí, hipotéticamente, solo contarán con la protección de ERTE sectores como el turismo, el transporte, parcialmente el comercio. Unos 100.000 isleños se quedarán desempleados en el próximo otoño. Es un golpe social tremendo que convendría que las administraciones públicas asumieran como un futuro inmediato y difícilmente manejable. Especialmente para ayuntamientos y cabildos, muchos de los cuales, en ese delicado momento, entre septiembre y octubre, se quedarán sin un maldito euro para pagar las nóminas de sus empleados, abonar las deudas a los proveedores y garantizar sus servicios sociales y asistenciales. A ver si finalmente la fórmula para no dejar a nadie atrás va a ser retroceder todos en un solo impulso.