Hace cuatro año la organización Ben Magec-Ecologistas en Acción remitió una carta al consejo de administración de Grupo Viqueira -una empresa constructora e inmobiliaria radicada en Vigo- para que retirasen su proyecto de hotel en las inmediaciones de la playa de La Tejita, en Granadilla. Es una más de las acciones que se han promovido para impedir el hotel de cinco estrellas en Sotavento, justo frente a la playa pero sin afectar a espacios protegidos ni tocar el dominio público marítimo-terrestre. Discursos, manifestaciones, recogidas de firmas. Nada impidió que los empresarios gallegos, que habían comprado el suelo hace un cuarto de siglo y disponen de una licencia visada por el ayuntamiento de Granadilla y autorizada por el Cabildo, vendieran terrenos y autorizaciones a una empresa rusa y comenzaran las obras el pasado año. El hotel de lujo dispondrá de 883 plazas integradas en una construcción de tres terrazas. Más allá de otras circunstancias poco esclarecidas y nada demostradas se argumenta que esos mil visitantes más a diario pondrían en riesgo la capacidad de carga de la playa y sus aledaños, y amenazarían los equilibrios ecológicos de un espacio natural protegido como es Montaña Roja.

A principios de 2016 el entonces consejero de Podemos en el Cabildo, Fernando Sabaté, adelantó la única solución más o menos razonable: adquirir la parcela a sus legítimos propietarios. Tanto los rusos como el Grupo Viqueira, con toda seguridad, hubiera exigido una indemnización en concepto de lucro cesante, pero todavía no se había movido una piedra. Ahora el hotel está en construcción y nadie sensato duda que, aún en el caso de alcanzar un acuerdo, los empresarios cedieran la parcela por menos de entre 60 y 80 millones de euros. O más. Y sin embargo Costas paralizó ayer las obras.

El hotel de lujo de Sotavento, frente a una de las playas más hermosas de Canarias -que no es una playa virgen, rodeada como esta por una urbanización, chalecitos coquetos, bares, centro comercial y hasta un chiringuito pirático- no es fruto de una maldad desatada, sino de la inmisericorde imbecilidad en la que se mueven las administraciones públicas, por donde se cuelan intereses espúreos y bombas de relojería medioambientales. Desde diciembre de 1994, con la entrada en vigor de la ley de Espacios Naturales de Canarias, el Paraje Natural de Montaña Rojas queda reclasificado como Reserva Natural Especial. Y sorprendentemente el ayuntamiento de Granadilla de Abona no acomete una reforma en profundidad de la ordenación del territorio y del propio Plan General en Sotavento y zonas adyacentes: por eso mismo es posible construir ya en el siglo XXI una urbanización que queda a menos de 50 metros de la playa y que, al parecer, no molestó a nadie. La responsabilidad de que el hotel se esté construyendo está muy dividida: el ayuntamiento granadillero, la Dirección General de Costas, el Cabildo, equipos coalicioneros, socialistas, conservadores y hasta Sí se Puede, uno de cuyos militantes, Antonio Cabrera, fue un irrelevante concejal de Playas y Medio Ambiente. La falta de rigor administrativo, la desidia técnica, el cortoplacismo más estúpido, la selva normativa y la carencia de un proyecto de desarrollo coherente y sostenible para el municipio nos conducirán, si se paraliza definitivamente el proyecto, a pagar una millonada indemnizatoria en una coyuntura de asfixia económica de las corporaciones locales.