20 de junio de 2020
20.06.2020
Observatorio

Devolviendo el favor

20.06.2020 | 01:10
Devolviendo el favor

"Pero el liberalismo no tiene respuestas obvias a los problemas a los que nos enfrentamos: el colapso ecológico y la disrupción tecnológica".
Yuval Noah Harari, 21 Lecciones para el Siglo XXI (2018).

"Resultaría inconcebible que entre las normas establecidas en el nuevo contrato social no se incluyeran las relativas al "cumplimiento tributario". Es importante hacer notar que el contrato debe permanecer silente respecto a los tipos impositivos o a las estructuras, que quedan reservadas a la aprobación por el Parlamento. Pero la percepción (y la realidad) de las empresas que han conseguido minimizar sus pagos por impuestos ha sido profundamente nocivo para la confianza pública en los negocios y la economía política que lo apoyan".

James Kirkup, Returning the favor. A new social contract for business. SMF. Social Market Foundation (2020).

La crisis provocada por el Covid-19 ha creado una situación sin precedentes en nuestra historia reciente. Además de las enormes pérdidas en vidas humanas, la quiebra de la base económica sobre la que se asienta el empleo y la calidad de vida la crisis ha actuado también como un terremoto que obliga a replantear cuestiones esenciales de nuestra convivencia, de nuestros hábitos y quizás hasta de nuestros valores. Y todo ello hay que realizarlo con premura y en una situación de crispación social y política, antídotos perfectos para la necesaria transversalidad que exige la situación.

Los datos y reflexiones que siguen tratan de contribuir a un mejor entendimiento entre los diferentes y a veces intereses contrapuestos de nuestra sociedad.

Los profesores del MIT ( Instituto de Tecnología de Massachusetts) Johnatan Gruber y Simón Johnson han escrito un libro, Jump-Starting America (2019) (Arranca América) en el que analizan los orígenes y las causas del proceso de deterioro y estancamiento económico y el paralelo aumento de la desigualdad en Estados Unidos.

La respuesta más relevante la encuentran en el papel jugado históricamente por la ciencia, tanto básica como aplicada en el proceso de estimulación al crecimiento económico y en la materialización del sueño americano y que, en las últimas décadas, ha decaído por la acusada disminución de la inversión pública en sectores estratégicos para la sociedad.

En su análisis se detienen en la evolución de la inversión pública en I+D: a partir de la II Guerra Mundial el incremento de la inversión federal incentivó la aparición de múltiples innovaciones, se produjo un notable incremento de la productividad y la desigualdad se redujo de forma sustancial. En esta etapa, a lo largo de tres décadas, la inversión pública en I+D alcanzó su máximo relativo del 2% del PIB (Producto Interior Bruto) en el año 1964; hoy no supera el 0.7% (China ha alcanzado el 2.5%) lo que supone en dólares de hoy unos 250.000 millones de dólares menos que en el año de su cota máxima.

Como resultado y a partir de la década de 1970s la tasa de evolución de la productividad sufrió un proceso de declive continuado, reflejado en una caída del crecimiento del PIB desde un 4% (en años de posguerra) a menos de del 3% a mediados de los sesenta, por debajo de 2% desde el año 2000 y hasta el 1.7% según la última previsión para el año actual 2020.

La ralentización de la tasa general de innovación derivada de la escasa atención y apoyo subyacente prestado por el Gobierno Federal a la ciencia y la comercialización de las innovaciones ha tenido un efecto perverso sobre la evolución de la productividad del trabajo durante las ultimas décadas, lo que compromete el futuro bienestar económico en la medida en la que la productividad constituye el vector más importante en la determinación del futuro nivel de las rentas y de los salarios reales.

Una ruptura implícita del contrato social formalizado en la posguerra (década de los 40) basado en el cumplimiento de un conjunto de obligaciones recíprocas que sustentaron la estabilidad y el progreso durante tres décadas y que viene a confirmar los datos que conocemos del Presupuesto Federal del Presidente Trump para 2021 que reducen en un 9% el gasto en I+D respecto al de 2020 con una expresiva afectación al gasto en investigación biomédica (-7%) y educación (-6.5%).

Ocurre también que el orden neoliberal de posguerra se ha deshilachado : múltiples crisis – ecológica, económica, social, geopolítica – presagian décadas de inestabilidad. El bipartito ciudadanos – gobierno del contrato social que precedió a la moderna sociedad industrial ha experimentado una reconfiguración radical con el surgimiento de la corporación global (Allen White, Vicepresidente de Tellus Institute, 2018).

Aparece un socio complejo y difícil para el contrato social tripartito que goza de un poder desmesurado: FAANG ( Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google). La renta anual de las cinco empresas globales más grandes – que se sitúan por encima de los 250.000 millones de dólares superan el PIB del 75% de las naciones del mundo. En E.U el conjunto de las compañías incluidas en la lista Fortune Global 500 representan los 2/3 de los 12 billones de dólares y emplean a 28.3 millones de personas en el mundo.

Una manifestación particularmente dañina del poder exhorbitante de las ENT (Empresas Transnacionales) se muestra en la cuestión tributaria. El grado de evasión y elusión fiscal por parte de estas empresas es inmenso y priva a los sistemas fiscales nacionales de significativos ingresos financieros.

Las ENT distribuyen sus beneficios entre las filiales buscando las máximas ventajas tributarias y al actuar así, se socava el principio de equidad fiscal, se distorsiona la competencia y se quebrantan los ingresos fiscales a las naciones en donde efectivamente operan.

Según Tax Justice Network, una quinta parte de la riqueza mundial se transfiere a paraísos fiscales. El economista francés Gabriel Zucman, profesor de economía en la Universidad de California en Berkeley e investigador en temas sobre desigualdad y paraísos fiscales, señala que en 2017 la elusión fiscal de las ENT derivada de sus transferencias a paraísos fiscales superó la cifra de 56.000 millones $: Alemania (20.000 millones de dólares) ; Reino Unido (18.000 millones); Francia (13.000 millones ) e Italia ( 6.000 millones). Simultáneamente Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Malta son responsables del 80-90% de la elusión fiscal en la Unión Europea.

El hecho de que tanto la elusión fiscal como las TI (Transferencias ilegítimas) se consideren como "frecuentemente legales y raramente legítimas" ha llevado a la Unión Europea a tratar de utilizar la política de una exigente transparencia, más allá de la prohibición o la regulación, para tratar de comprometer la reputación de las Corporaciones globales y lograr una reconsideración de su estrategia.

Una actuación reseñada por Tommaso Facio y Francesco Sarraceno (Social Europe Two, 2020) que expresivamente describen con el significativo título de Esperando a Godot: Abordando la elusión fiscal de las multinacionales.

La situación en España

En este marco europeo y global, la radiografía de nuestro país refleja un cuadro social extraordinariamente preocupante. Según el 9º Informe "El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo (AROPE) de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2018 presentado recientemente en el Senado por la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN), una cuarta parte de la población se encuentra en riesgo de exclusión social (26.1%); en Asturias el 20.9%. Y 120.000 hogares carecen de ingreso alguno, incluso con niños.

España ocupa el 7º lugar de la U.E. por nivel de pobreza y el 3º por desigualdad, solo por debajo de Bulgaria y Lituania.

Una situación que supone un reto formidable para la sociedad española y su gobierno que tiene que afrontar simultánea y preferentemente una exigente ayuda a los más necesitados con un gran incremento del gasto social sin descartar aquellos epígrafes presupuestarios selectivos pero necesarios para tratar de reconstruir el país y en los que el acierto en la elección de los sectores estratégicos se convertirá en una condición indispensable para asegurar no solamente el sostenimiento en la prestación de los servicios básicos a largo plazo sino el bienestar mismo de la sociedad en su conjunto.

Unas políticas de corte neokeynesiano pero muy diferentes de las clásicas de "cebar la bomba", más selectivas y detalladas en programas específicos susceptibles de análisis y evaluación y conectados con objetivos estratégicos previamente definidos, como corresponde a esta peculiar situación de "depresión invertida" ocasionada por el Covid-19. Necesitamos priorizar la inversión pública en sanidad y educación y en I+D, a fin de afrontar los enormes retos vinculados al cambio climático, la digitalización, y en general a todas las tecnologías disruptivas que van a configurar – ya lo están haciendo – una nueva sociedad tecnológica.

Una política económica de compleja articulación dada la limitación de los recursos disponibles y el volumen de las necesidades acuciantes y la necesidad de lograr un cierto equilibrio entre el crecimiento del gasto y la necesidad de endeudamiento, tratando de no socavar de manera irremediable nuestra solvencia a largo plazo.

Casi una cuadratura del círculo que razonablemente va a exigir un acuerdo transversal político-institucional. Un nuevo Contrato Social por el que claman las voces más diversas del ámbito económico y social.

Una exigencia de difícil resolución pues es posible, incluso razonable, que bajo la coincidencia en el nominalismo del Contrato se escondan fuertes discrepancias sobre su contenido programático.

Como se pregunta Antón Costa, ¿el Covid-19 va a propiciar un nuevo Contrato Social progresista o acentuará los peores rasgos del contrato neoliberal?

A fin de contribuir al debate que ineludiblemente se va a producir en la sociedad española me parece muy oportuno citar aquí un extracto del "Resumen ejecutivo" de uno de los "think tank" más prestigiosos del Reino Unido, formado por expertos independientes en políticas publicas británicas: SMF (Social Market Foundation) que a través de su director James Kirkup y en su publicación Returning the favor: a new social contract for business (2020) (Devolviendo el favor: un nuevo contrato social para los negocios) escribe: "En un gran esfuerzo para sostener la capacidad económica y el empleo debido a la crisis del Coronavirus el gobierno ha comprometido una cantidad sin precedentes de recursos públicos para sostener las organizaciones del sector privado británico.

Este acto necesario debería de ser, al tiempo, el comienzo de un proceso para un nuevo contrato social entre las empresas británicas, el gobierno y la sociedad. Este contrato debería proponer unas nuevas normas compartidas sobre la industria empresarial y sus obligaciones con los otros. Debería codificar –y hacer visible a todos– las normas que el empresariado debe cumplir para justificar el apoyo que recibe del público para operar, no solo en este momento excepcional sino también en general".
Una buena oportunidad para nuestro empresariado de "Devolver el favor".

(*) Economista

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