Leo en algún medio de comunicación que el que quieren llamar ahora caso Reparos -ni siquiera está admitida a trámite la denuncia de la Fiscalía, pero ya es un caso, todo un caso- no surge tras el reciente archivo del caso Grúas -en el que se investigó la conducta de tres ciudadanos, sin que a ninguno de los mismos se le acusara de delito alguno, pero vamos, también hágale caso- sino que se remonta a una denuncia de 2018 de Santiago Pérez, "líder de un pequeño partido local, Avante La Laguna". Bueno, no es así exactamente. Santiago Pérez -hoy concejal de Urbanismo- era por entonces el líder de una lista fruto de una coalición de X Tenerife -organización efímera creada por José Manuel Corrales- y Nueva Canarias -porque los compañeros de viaje de NC en los últimos años han sido muy divertidos-. Por cierto: Pérez jamás rindió cuentas ni a uno ni a otro partido. Fue una bandera de conveniencia, como lo es Avante, con la que sin embargo perdió unos 500 votos y vio reducida su representación a dos concejales en las elecciones de 2019.

No, no es nuevo, en efecto, que Santiago Pérez presentase esa denuncia en un juzgado de La Laguna, donde duerme el sueño de las paridas inconsútiles desde hace dos años. Pérez pone denuncias como otros comen boquerones. Lo relativamente nuevo es que el pasado marzo la Fiscalía Anticorrupción emulase el boquerón de Pérez presentando un informe de 156 páginas que culmina con la apreciación de que Fernando Clavijo y José Alberto Díaz cometieron un delito continuado de prevaricación. Digo relativamente nuevo porque es la tercera vez que ocurre lo mismo: denuncia urdida por el señor Pérez, intervención de la Fiscalía Anticorrupción con un montón de folios en lontananza y tipificación de los delitos. ¿Por qué en marzo? Porque, en efecto, el juzgado de instrucción solo había solicitado documentación oficial al ayuntamiento desde la denuncia de Pérez, sin que impulsara otro trámite. Algo que no es muy raro dado el colapso judicial que padece el país y que no es menor en los juzgados laguneros. Y quizás más importante: en los cenáculos judiciales madrileños, desde finales de enero, se rumoreaba insistentemente en que lo de las grúas del expresidente de Canarias se archivaría, porque no había materia penal ni civil en el que sostener un procesamiento, ni mucho menos una condena.

He estado revisando la benemérita labor de la Fiscalía Anticorrupción, y en pleno embelesamiento reparé en que jamás un político socialista ha sido condenado judicialmente a partir de la denuncia de la misma. Anticorrupción tiene una delegación en Sevilla que cabe imaginar tapizada por el mejor corcho andaluz, porque no llegó a sus despachos ningún rumor previo a las diligencias de la jueza Mercedes Alaya sobre el caso -aquí sí se produjeron procesamiento y condenas, incluyendo la de dos expresidentes de la Junta y exministros- de los ERE y Mercasevilla. Ni mijaita les llegó. En Canarias, por supuesto, ha ocurrido lo mismo, y con resultados mediocres, salvo el talismán que pretende justificar esta extraña metodología: el caso Las Teresitas, gracias al cual, como afirma vibrantemente otro compañero, "la impunidad duerme en la cárcel", una impunidad curiosa si está entalegada, pero la retórica mesiánica es así, asaz intensita. Las Teresitas explica (política y mediáticamente) mucho de lo que ocurre: tanto el empecinamiento en un modelo de acción judicial orientado por la rentabilidad política como la fascinación de un grupo de periodistas que se creían juramentados contra Miguel Zerolo, que era el ayuntamiento de Santa Cruz, que era ATI, que era Coalición Canaria ayer y siempre, pero que en realidad actuaban como peones de un juego superior en el que la lucha de intereses de los medios de comunicación desembocaría en una guerra civil mediática ya insalvable y terminal.