Ya puede solicitarse la percepción del ingreso mínimo vital aprobado recientemente por el Gobierno en un decreto convalidado por el Congreso de los Diputados con todos los votos a favor, salvo los diputados de Vox, que se han abstenido. Ni siquiera la ultraderecha se atrevió a oponerse frontalmente, aunque, por supuesto, seguirán criticando fieramente la medida e intentado sacar rédito electoral a la paguita para el vago, el desaprensivo o, peor, para el inmigrante. Y hay muchas miles de personas dispuestas a comprar esa mercancía aporofóbica y racista. Los de Vox saben perfectamente lo que hacen, pese a que estas ayudas de último recurso existen en Europa hace años, a veces lustros, aprobadas por Gobierno conservadores o socialdemócratas. Porque son a la vez un instrumento para aliviar la pobreza severa y la exclusión social, un elemento para reactivar el consumo y una garantía añadida a la estabilidad social. Suelen ser más o menos eficaces, especialmente, para combatir situaciones de femenización de pobreza y pobreza infantil. Pero no son milagrosas.

Lo sustancial es que comience a materializarse la coordinación entre el ingreso mínimo vital y los programas de rentas mínimas de las comunidades autonómicas; en Canarias, todavía, la PCI, y en el futuro, la renta ciudadana, cuya ley reguladora, según la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, podría presentarse en el Parlamento en el próximo septiembre. Lo cierto es, sin embargo, que las viejas y nuevas prestaciones no están llegando o lo hacen a cuentagotas y los criterios de complementariedad no están nada claros. Se corre un peligro auténtico de estrangulamiento burocrático que origine que durante el verano miles de familiar canarias no vean un céntimo o, como mucho, perciban su PCI o la ayuda de emergencia de la Consejería de Derechos Sociales. La mala primavera para los desempleados canarios se puede convertir en un verano de pesadilla, con las solicitudes multiplicándose en plena canícula, y con entre un tercio y la mitad de los funcionarios disfrutando de las vacaciones.

La situación es lo suficientemente grave -y la demanda social lo bastante perentoria- como para que los gobiernos tomen la iniciativa y, en determinados casos y programas, atiendan a los ciudadanos aligerando los procesos administrativos. En Estados Unidos funciona hace muchísimo tiempo el denominado Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria -antes Programa de Cupones para Alimentos- que es operativamente sencillo. Es una ayuda que se concede automáticamente a desempleados de larga duración o aquellos que lo soliciten incluso con una llamada telefónica: se consulta su declaración de la renta o la inscripción en otros programas sociales y se hace o no efectivo. Consiste en una tarjeta electrónica de débito a través de la cual puedes comprar alimentos en los grandes supermercados del país con un saldo medio mensual por hogar de unos 170 dólares. Por cierto, Donald Trump, antes de la crisis del Covid, había recortado brutalmente este veterano programa.

La recesión que empieza a golpearnos y la recuperación será larga, agónica, porfiada. Es necesario combinar modelos, experiencias y recursos con imaginación y flexibilidad y no convertir los planes e instrumentos de emergencia social en un dédalo administrativo interminable que prolongue cruelmente un esperanzado sufrimiento durante semanas o meses.