Menos de un día pasó entre el archivo de la primera causa judicial contra Clavijo y la presentación oficial en sociedad de la segunda, preparada hace unos meses por la Fiscalía Anticorrupción y conservada en la nada secreta fresquera judicial, entre hojas de higuera y huevos de quícara. Si eso no es eficacia, que baje dios y lo vea.
Algunos ingenuos piensan que el fiasco del caso Grúas no sirvió para nada porque al final los acusados terminaron absueltos. Pero no es así. La imputación consiguió que los exquisitos de Ciudadanos se negaran a apoyar la candidatura de un Gobierno que Clavijo mancharía con su sola presencia. ¡Pecado, Pecado! Gritaron los naranjitos. Y el pacto del centro derecha no se pudo firmar, porque estaba judicialmente cojo. Más utilidad imposible.
Y visto que la primera bala de plata funcionó perfectamente, ya está en marcha la segunda, que entra en la recámara con la parafernalia con la que estas cosas se ponen en el agua en el acto de botadura. El esfuerzo merece la pena porque si el barco flota, la historia se irá vendiendo en fascículos: titulares escandalosos y vuelta a empezar la noria de los fastos judiciales.
En estos primeros compases públicos de la denuncia se habla de favores a “empresas amigas” y de decisiones que fueron objetadas por la Intervención municipal en la etapa de Clavijo como alcalde. Esa etapa, por cierto, fue bastante aburrida mediáticamente hablando. Pero en cuanto el hombre se hizo presidente del Gobierno, es como si hubiera estado en la Alcaldía de Sodoma y Gomorra porque le están saliendo denuncias retrospectivas como hierbas en una maceta.
La realidad es que no existe ningún alcalde en este país al que no se le pueda emplumar por levantamientos de reparo. Es frecuente que se termine un contrato de un servicio público adjudicado en concurso y que no se haya podido celebrar uno nuevo. Los alcaldes suelen considerar que la prestación del servicio requiere de una prórroga extraordinaria mientras que el interventor se opone al nuevo gasto, porque no está protegido por el marco de una licitación pública. Y ese —o parecido— es el pan nuestro de cada día en todos los municipios de nuestro país.
Pero que la verdad no nos vaya a estropear un buen caso. Al interfecto, con el que, por cierto, el aquí firmante las ha tenido muy tiesas, no se le acusa de haber favorecido a unos amiguetes, como en la anterior novela, sino de tomar decisiones para librar el pago de servicios que se consideran esenciales en un municipio y que estaban en riesgo al no haberse tramitado los expedientes correspondientes.
Pero la cosa en sí del fondo del asunto no es tan relevante como las prometedoras formas. Si algún juzgado acepta la notoriedad de esta nueva acusación, el sancocho político del líder nacionalista está asegurado. Se garantiza que los próximos años tendrá que cargar con una segunda cruz que le recortará las alas para cualquier aspiración pública. Y mirando el calendario, puede existir una feliz coincidencia entre su regreso a escenario de la política autonómica dentro de un par de años y el máximo esplendor del segundo proceso judicial que le quieren hincar en el lomo.
Es difícil, por no decir imposible, abstraerse de que el archivo de la primera causa de la primera parte contratante haya casi que coincidido con la campaña de anuncio público de la segunda causa de la primera parte contratante. En cualquier otro tiempo se habrían guardado las formas, esperando tal vez unas semanas para que no se notara tanto lo que es obvio. Pero en España hoy no hace falta la sutileza. En este caso era muchísimo más importante escenificar—recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte— la capacidad de un poder para el que fallar un primer golpe es irrelevante, porque puede propinarte todos los que le de la gana.
El recorte
Una sentencia que no ha gustado a nadie
No existe peor incoherencia que practicar aquello de lo que acusas. La oposición en este país denunció a una parte del Gobierno por politizar la manifestación feminista del 8M. Y al final han terminado intentando hacer lo mismo. El fallo de la jueza Rodríguez Medel no le ha gustado a casi nadie. Casi por eso mismo uno diría que es perfecto. La magistrada considera que las responsabilidades políticas —que las hay— no se pueden ventilar en acusaciones penales. El fallo exime de culpa judicial a José Manuel Franco —sin grito de ¡viva!— después de que sobre la instrucción del caso cayeran todas las presiones del mundo para que se abandonara. La Fiscalía de la ex ministra socialista Dolores Delgado salió en tromba defensa del delegado. Lo mismo que la Abogacía del Estado. Y el ministro Grande Marlaska se cargó a varios cargos de la Guardia Civil por hacer un informe “contra el jefe”. Trabajos de amor perdidos, que diría el bardo. No hacían falta tantas alforjas para ese viaje. La jueza se cabreó por las presiones, defendió la independencia judicial y ahora falla lo que cualquier persona razonable pensaría que es de sentido común. Solo que este es un país de fanáticos. La instrucción del sumario, ahora archivado, le ha costado el cargo a algunos guardias civiles y ha mostrado las vergüenzas de quienes usan las instituciones que ocupan temporalmente como algo propio. El árbitro no puede jugar a favor de uno de los dos equipos porque se acabaría el fútbol. No son los primeros, ni serán los últimos en usar el poder para sus intereses. Por eso mismo unos y otros se cargarán este país.
