La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, dijo el martes en el Parlamento de Canarias que ampliará la cuantía del ingreso canario de emergencia, usando para ello el presupuesto sobrante del reparto. En la práctica, el anuncio supone que los que reciban el ingreso percibirán también un segundo pago hasta que se gaste el cien por cien de la partida, 16 millones de euros. La propuesta supone, de hecho, el reconocimiento de que la señora Santana no sólo no es muy ducha en materia legislativa (su inicial decreto fue achicharrado por el Consejo Consultivo), sino que tampoco sabe contar bien. Porque una de dos, o se pasó en el calculó de cuánta gente solicitaría el ingreso (mira que es raro que con la que está cayendo, le vaya a sobrar dinero) o ha vuelto a equivocarse al contar las listas de beneficiarios, porque el martes, al terminar el pleno, dijo que ya se habían concedido 5.600 ayudas. Y eso no es cierto. O al menos no concuerda con las resoluciones publicadas hasta ayer por la Consejería, que suman algo menos de 2.600 ayudas concedidas, y algo más de 2.000 denegadas. En total, poco más de 4.600 tramitadas. No sé de dónde saca sus cifras la consejera, pero desde luego no son las que ofrece su Consejería.
Lo que está claro es que la señora Santana se equivocó al pedir las cantidades que pidió. Y la cuestión es que la solución aportada para resolver el problema es básicamente inédita en materia de ayudas sociales: ¿Pide menos gente la ayuda? Pues se reparte más a menos gente. Esta versión podemita del milagro de los panes y los peces, viene a demostrar que la medida tuvo en su momento un carácter más político que social. No se trataba de atender una necesidad cuantificada por ningún estudio o estadística, sino de dar lo que fuera para decir que se cumplía lo prometido. Falso también: recordarán que lo que prometió en campaña la señora Santana fue que en Canarias tendríamos lo que se definía como una renta básica ciudadana, que rondaría los 600 euros mensuales, siguiendo el modelo tradicionalmente propuesto por Podemos. Lo que ocurre es que no podía haber dinero para una renta básica ciudadana canaria y otra renta básica nacional. Al final, se optó porque no hubiera ni la una ni la otra: a la renta básica canaria la convirtieron en un ingreso canario de emergencia (vinculado a la crisis sanitaria, muy lejos del concepto inicial de renta de ciudadanía), y a la renta básica ciudadana española también la jibarizaron sobre lo anunciado, convirtiéndola en un ingreso mínimo vital, ése si de carácter mensual, cuyo primer pago de oficio dicen que alcanzará a 70.000 familias españolas, y que llegará -dicen también- el 26 de junio. La señora Santana, presumió después de su comparecencia parlamentaria -en la comparecencia no tenía aún los datos- de haber resuelto ya algo menos de la quinta parte de los expedientes presentados y se comprometió a tener el cien por cien también antes del 26 de junio. Sorprende que vaya a resolver en quince días cuatro veces más de lo que ha resuelto en un mes y medio -el plazo de presentación concluyó el 27 de abril- y más aún que -con sólo la quinta parte de los expedientes tramitados, según ella-, sepa ya cuánto dinero le va a sobrar. Es un misterio cómo puede saber eso sin resolver los expedientes antes, porque cada petición puede o no ser aceptada y es un mundo de pagos y cantidades distintas.
