El archivo de la causa contra Fernando Clavijo por el caso Grúas, dictado ayer por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo, es contundente en su apreciación de inexistencia de delito alguno en el proceder de Clavijo, y categórico en la defensa de las actuaciones iniciales de la jueza Celia Blanco, que fue forzada por la Audiencia Provincial a reabrir una causa que ella misma había archivado. Es interesante este aspecto del auto del Supremo, porque viene a demostrar que desde el inicio del procedimiento, la pelea por fijar la competencia judicial en el caso Grúas -que hizo bailar el expediente por distintas jurisdicciones- perseguía colocar finalmente el caso denunciado por Santiago Pérez en la Audiencia Provincial, y con la fiscal Farnés al frente de la acusación pública, reproduciendo así el exitoso triángulo que años atrás permitió llevar el caso Teresitas a un punto en el que no fueron juzgados todos los responsables -ni siquiera quienes diseñaron el famoso 'pelotazo de libro'- pero sí condenar a los responsables que más convenía condenar políticamente.

Con el caso Grúas no se podía llegar tan lejos: era difícil comparar un pelotazo de miles de millones de pesetas, el mayor en la historia de la corrupción urbanística en Canarias, con un préstamo de 120.000 euros, -garantizado y recuperado con intereses- a la concesionaria del servicio de Grúas municipal, para evitar la interrupción del servicio. Aun así, el caso tuvo su recorrido, a pesar de la resistencia de la Justicia a actuar como brazo ejecutor de la voluntad política de laminar a Clavijo. De nada sirvieron un primer informe exculpatorio del fiscal Santiago Sánchez, el archivo de la causa por la jueza Blanco, la devolución del caso por el TSJC sin encontrar indicios de delito, o el informe también exculpatorio del fiscal del TSJC, Demetrio Pintado, guardado durante dos meses en una gaveta, hasta que Clavijo dejó de estar aforado y el informe dejó de tener valor.

Las distintas actuaciones que jalonaron la aventura del caso Grúas perseguían forzar una imputación que colocara a Clavijo en la tesitura de enfrentarse a una campaña a la Presidencia estando imputado. Clavijo podía incluso sobrevivir electoralmente a esa imputación (de hecho lo hizo) pero no a las negociaciones para formar Gobierno. Las posibilidades de Clavijo de resultar reelegido presidente con la imputación a cuestas, eran nulas. Para eso se produjo la guerra de recursos, autos e instrucciones de la Fiscalía General del Estado, que sólo concluyó cuando Clavijo fue elegido senador por el Parlamento y recuperó el aforamiento, esta vez ante el Supremo.

El concejal lagunero Rubens Ascanio, que forma parte de la acusación particular, anunció ayer, tras conocerse el auto, su intención de recurrir el archivo, según él porque el fallo del Supremo ha sido "parcial y débil". Lo dice con la boca chica: supongo que debe saber que son los mismo cinco magistrados que aprobaron el auto los que deben considerar un hipotético recurso de súplica. Pero incluso si llegara a prosperar, que eso ocurra carece ya de verdadero interés para los demandantes: el objetivo que se perseguía -inhabilitar a Clavijo como candidato viable a la Presidencia- ya está logrado.