Conviene no distraerse. La derrota judicial de los que montaron el llamado caso grúas no debe confundirse con el éxito de sus objetivos políticos que, en última instancia, fueron la verdadera razón de la denuncia original contra Fernando Clavijo en 2017. Han conseguido arrojar ininterrumpidamente sospechas de corrupción y venalidad sobre Clavijo y José Alberto Díaz y, por extensión, todo su equipo político. Incluso metieron en este asqueroso berenjenal a Antonio Pérez Godiño por haber firmado una prórroga como concejal sustituto: les dio absolutamente igual. Recuerdo que, entre incontables machangadas, se las arreglaron en abril de 2019 para que el ayuntamiento lagunero reprobase políticamente a Clavijo, Díaz y Pérez-Godiño por "los trabajos de la comisión de estudio" sobre el caso grúas, que venía a señalar que todo el proceso administrativo se había ajustado a Derecho, lo mismo que viene a decir hoy el Supremo en el auto de archivo. Algún día deberá escribirse con detalle -y les aseguro que se escribirá- la interminable e impúdica campaña de destrucción política que, al día siguiente de las elecciones de 2015, decidieron montar Rubens Ascanio y Santiago Pérez, un largo cuento de ruido y furia contado por idiotas a sueldo muy poco shakesperianos. Y consiguieron lo que pretendían: infamar al adversario político y, más allá del ámbito municipal, dificultar la reelección de Clavijo como presidente del Gobierno de Canarias en 2019. Una operación muy rentable. Pueden darse por satisfechos.

Las declaraciones de los afectados han sido moderadas, las de los denunciantes, aproximadamente patéticas, como las de Santiago Pérez, enmendándole la plana procesal a Manuel Marchena, y las de Rubens Ascanio, que desde su atalaya jurídica ha calificado el auto como algo flojito y sin sustancia, cuando en realidad "estamos ante una flagrante ilegalidad". Ascanio parece incapaz de entender que quien decide la ilegalidad o no de unos hechos no es él, ni sus nigrománticos servicios jurídicos, sino los tribunales de justicia, y que no se acaba de pronunciar un juzgado de instrucción, sino el Supremo. El caso grúas es un sorprendente culebrón que descubre las argucias y desvergüenzas de una oposición política decidida casi a cualquier cosa para desplazar del poder a CC con colaboradores necesarios en otras organizaciones, llegando incluso a la amenaza velada sobre un magistrado, como cuando Santiago Pérez declaró que estaría "muy pendiente" del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, para posteriormente pedir su dimisión. Cabe imaginar lo que hubiera ocurrido si Clavijo, Díaz o Pérez-Godiño hubieran advertido que estarían muy vigilantes sobre las actuaciones de Doreste o hubieran solicitado la dimisión de la fiscal Anticorrupción.

Como derivada política del auto del Supremo ahora está expedito el camino de Clavijo para presentar su candidatura a la secretaría general de CC. Varios sectores coalicioneros ya reclamaban que el Congreso Nacional se celebrara este verano, sin más retrasos. Podemos desarrolló su Vistaalegre III en plena pandemia. No se entiende que CC, que tiene su propio cuadro infecto-contagioso, no pueda debatir su futuro ni decidir sobre su dirección antes del próximo octubre.