El Gobierno de España va a repartir 16 mil millones de euros no reembolsables para ayudar a las comunidades autónomas a superar los daños económicos causados por la pandemia. Estamos hablando de un Gobierno formado por las fuerzas de la izquierda de este país, luego cabría pensar que ese reparto se ajustará a una visión de justicia social y equidad. No es así.
El mensaje del esfuerzo fiscal que tiene que hacer España se basa en el principio de la proporcionalidad: deben ayudar más los que más ganan. Pablo Iglesias se ha desgañitado avisando de que los ricos deben aumentar su solidaridad aportando más fondos al erario público, lo mismo que las grandes empresas que declaran miles de millones de beneficios. Pero ¿qué pasa cuando pasamos a hablar de los territorios, en vez de las personas? Ah. El mensaje se transforma.
Le geometría variable de Pedro Sánchez está basada en conseguir los votos necesarios para sostener su mayoría parlamentaria. Y esos votos están, básicamente, en el País Vasco, Navarra y Cataluña. O sea, en los territorios más ricos del país. Lo que hemos visto hasta ahora es la demostración empírica de que tanto tienes tanto vales. O sea, tantos votos pones sobre la mesa, tanto dinero te corresponde. Las concesiones a los vascos han sido tan vergonzantes que han terminado sublevando a algunos barones socialistas que no pueden aceptar una discriminación financiera tan descarada.
No existe una fórmula de reparto buena o mala de los fondos. Cualquier sistema que se adopte estará sometido siempre a la discusión y a la protesta. La única distribución moralmente aceptable, para un gobierno de izquierdas, de derechas o medio pensionista, es dedicar mayores esfuerzos económicos a las sociedades que se encuentran en peor situación. Aquellos territorios donde la educación, la sanidad, el empleo o las prestaciones sociales, presentan peores indicadores.
Pero ese no va a ser el camino elegido. Ya lo verán. La España que conocemos ha perpetuado la brecha entre unos ciudadanos y otros. Los canarios, los extremeños o los andaluces no tienen ni las mismas oportunidades ni los mismos servicios públicos que los ciudadanos del Norte rico. Ha sido así durante muchos años en donde las grandes políticas públicas se han orientado por el peso políticos que han ejercido las comunidades que, con sus votos, han decidido las mayorías de gobierno en este país.
No hemos reformado el sistema electoral, la gran asignatura pendiente, que sigue siendo una trama cantonal donde el peso de los votos de las comunidades condiciona la representación nacional. El Congreso se ha convertido en una verdadera cámara de los territorios. A las pruebas me remito, con un tercio del Parlamento, más de cien diputados, vinculados a fuerzas políticas de carácter particularista, nacionalista o independentista.
Vivimos en la mentira de ser ciudadanos iguales de un país desigual. Y lo es porque la base de su funcionamiento lo provoca de forma inexorable. El estrago de España no es que esté dividida en bloques a la izquierda o la derecha. Es que el Estado es una ficción.
Una playa gratis
En los años 70 unos empresarios con visión de futuro -ejem- propusieron un trato al Ayuntamiento de Santa Cruz: le hacemos una playa a la capital y nos dejas construir algo como Benidorm. Les dijeron que sí y se cometió el mayor atentado ecológico en la historia de Canarias. Trajeron miles de toneladas de arena rubia y enterraron la vieja playa de Las Teresitas, que era de arena y toniques negros como la pez. Santa Cruz ya tenía playa, como Las Canteras, aunque fuera con huevos de alacrán. Pasaron los años y los edificios no se construyeron. Y luego el ayuntamiento empezó a racanear con la volumetría. Acabaron en los juzgados y el Tribunal Supremo dijo que se podía construir bastante menos de lo que estaba pensado. Pero algo es algo. Entonces pasó lo que ya sabemos. Que la sentencia se filtró, que unos empresarios compraron el suelo, que el ayuntamiento se los compró para que no construyeran y que se les cayó el pelo a todos. El Supremo, otra vez, dictó otro fallo diciendo que la venta era ilícita. Por lo visto parte del suelo era público y no se podía vender. La cosa fue por la vía penal y hubo cárcel para políticos, funcionarios y empresarios. Ahora, una sentencia civil establece que los empresarios tienen que devolver el dinero que cobraron, pero que el ayuntamiento se queda con los terrenos en propiedad. Santa Cruz, medio siglo después, tiene su gran playa gratis total. Lo que se dice un negocio redondo.
