Si algo no lo remedia se abrirán primero los estadios de fútbol que las escuelas. De hecho, desde hoy, pueden abrir las discotecas, aunque no podrá bailarse en sus pistas: el sueño húmedo de nuestra adolescencia nos llega al mismo tiempo que el lumbago. La educación ha sido una de las grandes víctimas de la pandemia que parece a punto de entrar en una zona de control. Simplemente se han privilegiado las consideraciones higiénico-sanitarias y, al mismo tiempo, se han utilizado como pretexto para no hacer absolutamente nada al respecto, en un ejercicio de desidia realmente portentoso. Cabe suponer que se trata de una víctima propiciatoria. Gestionar la educación pública en tiempos de pandemia y pospandemia solo puede hacerse desde un diagnóstico realista de la situación del sistema escolar y con la colaboración activa y sistemática de todas las administraciones públicas. Esa colaboración debe liderarse obligadamente desde el mismo Gobierno; en el caso de Canarias, desde la Presidencia y la Consejería de Educación. Y lo que ha ocurrido es que los máximos responsables de la Consejería de Educación no hicieron absolutamente nada durante más de un mes y medio para enfrentarse a la situación y que una vez dimitida la consejera, el presidente ha sido incapaz de designar un sustituto procedente del mismo equipo o desde el exterior. Después de casi tres semanas sigue al frente del departamento un sustituto muy provisional y muy poco promisorio, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena.
Una de las correcciones que deja la pandemia apunta a reformas imprescindibles en las administraciones públicas. Entre otras muchas está la colaboración institucionalizada entre distintos niveles y departamentos a través de consorcios y programas. La Consejería de Educación debería conocer perfectamente la situación social, sociolaboral y asistencial de todos y cada uno de los alumnos: hoy esa información en insuficiente. El equipo director tendría que disponer de un mapa informativo sobre la situación de cada centro, de las necesidades de equipamiento sanitario que demandan, del coste de material sanitario en cada escuela y cada instituto. Debería contar con alternativas si es imposible respetar las medidas de seguridad con todos los alumnos matriculados, porque son circunstancias extraordinarias en momentos extraordinarios, y quizás pudieran habilitarse otros espacios para el próximo curso escolar. El caso de las escuelas infantiles resulta especialmente sangrante. El Gobierno autónomo no hace gran cosa, aunque el otro día pudo verse al señor Valbuena hablar por vía telemática con "representantes de la comunidad educativa", entre los cuales descubrí con estupor a Aurelio Abreu, ex vicepresidente del Cabildo de Tenerife y ahora disfrutando de una merecida comisión de servicio en Educación, gracias a la cual, dios bendito, no tiene que incorporarse a su plaza de maestro en La Gomera. Por cierto: los 2.000 millones para educación del fondo para las comunidades autónomas no se librarán hasta septiembre, cuando comienza el curso escolar. No ahora, para contratar profesores de refuerzo, alquilar locales y pagar suministros. Es que son maravillosos.
