Por primera vez la ministra María Jesús Montero dice que sí, que el Gobierno español está dispuesto a admitir que el Gobierno canario utilice el superávit del pasado año. Poco más de 300 millones de euros, cuyo mérito se adjudicó asombrosamente Román Rodríguez, quien afirmó que había hecho un sinfín de ajustes para corregir el gasto desaforado del Gobierno de Fernando Clavijo, mientras al mismo tiempo decidía seguir aflojando cientos de millones a los bancos para deshinchar deuda. No obstante, Montero se cuidó muy mucho de proporcionar detalles o advertir de dificultades jurídicas, como el posible incumplimiento de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2021 para dedicar esos 300 y pico kilos a algo que no sean las llamadas inversiones financieramente sostenibles. No hay, por lo tanto, un calendario ni una metodología establecida de común acuerdo, sino la manifestación de una compresiva y cordial disponibilidad por parte de la ministra y su equipo. Y el tiempo corre que se las pela. El Gobierno autonómico debería acceder inmediatamente al superávit que queda en los bancos y el Ministerio de Hacienda. En peor situación se encuentran ayuntamientos y Cabildos. Es rigurosamente cierto que la mayoría de las corporaciones locales no podrán sostenerse más allá del mes de septiembre. El Ejecutivo central se mueve lentamente porque le horroriza la perspectiva de autorizar deuda a unas comunidades autonómicas que acumulan más de 300.000 millones de euros sin pagar. Y alrededor del 60% del pasivo autonómico está en manos del Estado. El pasivo de todas las administraciones públicas españolas se elevaba a 1,24 billones de euros aproximadamente a finales del pasado año, es decir, un 98,5% del PIB. Es cierto que Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada. Pero lo es en este intranquilizador contexto general.
El cuatripartito canario quiere endeudarse en unos 800 millones de euros, céntimo más o menos, y aunque la cantidad sea ciertamente respetable, lo que pretende hacer con esa pasta el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres es garantizar el normal funcionamiento de los sistemas públicos de educación y sanidad y el sostén operativo de la administración autonómica para el próximo año, compensando parcialmente la caída de ingresos tributarios. Para que se entienda: el grueso de esos 800 millones servirían para que la educación y la sanidad públicas no colapsen el próximo año. Y ese es, poco más o menos, el límite de nuestra capacidad de endeudamiento, a reserva de que el próximo año se pueda intentar de nuevo salir al mercado, con inciertos resultados. La pasta para financiar un conjunto de planes con el objetivo de revitalizar la economía canaria, mantener empresas y puestos de trabajo e invertir en obra pública debe salir inexcusablemente del Estado español y, en particular, de las perras dispuestas por la Unión Europea y, en particular, del ahora discutido fondo de reconstrucción que quiere dotarse con 750.000 millones de euros. Canarias se la juega en Europa más que en Madrid. Sería interesante conocer si el Gobierno autonómico dispone de alguna estrategia, tanto frente a Pedro Sánchez como en el contexto de las Regiones Ultraperiféricas, donde ha renunciado a cualquier liderazgo.
