La desescalada de la emergencia sanitaria es al mismo tiempo la cuenta atrás para el inicio de una nueva etapa política en España. El Congreso aprobó el miércoles la última prórroga del estado de alarma decretado al inicio de la pandemia y con ello prepara al país para una travesía inédita sin mapa ni brújula con que orientarse. Tras casi cuatro meses de mando único y gestión centralizada en manos del Gobierno de Pedro Sánchez, la cogobernanza con la que se va a cubrir la fase 3 del desconfinamiento dará paso a finales de junio, en el conjunto del territorio nacional, a esa nueva normalidad que en el terreno político es ahora mismo todo un misterio. No hay ninguna certeza en el horizonte y nadie sabe cómo la débil mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo podrá enfilar la legislatura más compleja de la historia democrática española por los efectos económicos y sociales de la pandemia.

Tras el estrés al que la Covid- 19 ha sometido a toda la sociedad española, la crisis económica, la debilidad del Gobierno, la bronca política entre partidos, la falta de consenso y las tensiones territoriales por los desajustes y agravios en la desescalada y en los planes de reconstrucción, conforman ahora la tormenta perfecta para hacer saltar por los aires el actual escenario de gobernanza, por muy precaria que ésta sea ahora. Este es el marco en el que Canarias pretende llamar la atención en Madrid para afrontar, con la atención que merece, su dramática situación económica, y que se aporten las medidas necesarias para un rescate del que depende el futuro inmediato de los canarios. Y este panorama es entendido desde las Islas, por partidos políticos, instituciones y agentes sociales, como el menos apropiado para que el Gobierno de Sánchez se entere de lo que está pasando en la ultraperiferia y, llegado el caso de que así sea, se ponga en serio a remediarlo.

En los últimos días se ha tenido la sensación de que las palabras de compromiso por parte del Ejecutivo central, tanto del presidente como de sus ministros, se ha intensificado, y que de hecho se ha logrado algún avance, como la prórroga de los ERTE turísticos canarios hasta la reanudación de las conexiones aéreas internacionales y con ello la recuperación del sector, o ese plan estatal que atenderá de manera singular al canario. Pero la idea que predomina en muchos sectores políticos y económicos isleños es que se está muy lejos de atender las principales demandas que están sobre la mesa. Particularmente la necesidad de que las administraciones canarias puedan disponer de sus casi 4.000 millones de superávit y remanentes que mantienen en los bancos, y de la autorización para emitir deuda pública, elementos indispensables para tener liquidez y paliar el desplome de los ingresos fiscales por el cierre del sector turístico durante meses.

Desde Canarias, la impresión generalizada es hay buena intención y predisposición por parte del Estado a atender la situación de “excepcional dificultad”, en expresión del propio Sánchez, a la que se enfrenta el Archipiélago, pero que el sudoku económico y político que trata de encajar el Ejecutivo en el conjunto del país es de tal calibre que no le alcanza para actuar de una vez. “El Gobierno está sobrepasado por la situación y no somos en absoluto su prioridad. Somos apenas una ola en el océano agitado en el que se mueve ahora Sánchez”, resume un dirigente político de las Islas que mantiene conexión frecuente con los ministerios. Cada vez es más generalizada la idea de que la nueva normalidad estará marcada por una sensación de batalla y de inestabilidad política en Madrid, y que será imposible avanzar en la aportación de soluciones para la reconstrucción, y menos aún que éstas sean consensuadas.

Anárquicas mayorías

Todo ello pese al alivio que supuso para al Gobierno de Sánchez la facilidad con la que logró la sexta y última prórroga de la alarma el miércoles. El hecho de que solventara la votación por mayoría absoluta (177 votos a favor) frente a las dificultades que tuvo para obtenerla quince días atrás, hace pensar que la aritmética variable en el Congreso, por muy caótica y anárquica que sea, le puede funcionar. A los apoyos de los partidos que llevaron a Sánchez a la Moncloa, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, NC, PRC y Teruel Existe, se han unido en las últimas votaciones en el Congreso Cs y CC, lo que sugiere la idea de que, de una manera u otra, hay margen para aprobar en el futuro los proyectos legislativos, las medidas anticrisis y, sobre todo, los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 que el Gobierno deberá presentar en el Congreso antes del 30 de septiembre.

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y menos amable con el Ejecutivo. Y eso preocupa en Canarias, también al Gobierno de Ángel Víctor Torres, porque por cada centímetro que vaya alejando a Sánchez de la normalidad política, y eso se traduce en nuevos presupuestos, aleja kilómetros a la Moncloa en su atención hacia las Islas. Lo cierto es que la posibilidad de que Unidas Podemos y ERC puedan coincidir con la formación naranja en muchas de las cuestiones que se deberán llevar al Parlamento, especialmente las cuentas estatales, es bastante remota. Y lo mismo ocurre con las medidas que la Comisión Europea obligará a adoptar al Gobierno de Sánchez para ajustar sus cuentas como paso previo y vinculante al acceso de los fondos comunitarios que se pretenden aprobar para paliar las consecuencias del coronavirus. Unas medidas y obligadas reformas estructurales que van en el sentido contrario de lo que tenía en su programa el Gobierno de coalición en materia laboral o fiscal.

Pactar un techo de gasto y unos presupuestos con UP, ERC y Cs en el mismo bando parece bastante impensable pese a las conjeturas a las que ha dado paso la votación del miércoles en el Congreso. Incluso la alianza solo de socialistas, morados y republicanos será difícil en los términos que planteará Bruselas.

Esta es una de las claves del futuro de la legislatura en el marco de la gran batalla política abierta por la derecha española, representada por el PP y Vox, en su estrategia de aprovechar la pandemia y la mayor crisis económica de la reciente historia del país para intentar hacer caer al Gobierno, achacándole responsabilidad criminal en la gestión de la emergencia y en la muerte de miles de españoles. La tensión política es de tal calibre que alcanza a poner en circulación el rumor de que poderes ocultos del Estado estarían jugando una suerte de partida ilegal para provocar una crisis política, una especie de ‘golpe de Estado’ encubierto a raíz del caso Pérez de los Cobos, tal como sugirió el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una comparecencia parlamentaria.

Sin duda, la torpeza política del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al destituir al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid en plena investigación judicial, llevada a cabo por el instituto armado, sobre la manifestación del 8-M, está condicionando esta transición política de la desescalada a la ‘nueva normalidad’’, como lo están haciendo otros errores de bulto del Ejecutivo. Para muchos actores políticos, estos errores fatídicos de Sánchez, como el innecesario pacto con Bildu en la anterior prórroga de la alarma, sumados a las divisiones internas del Consejo de Ministros en relación con algunas de las decisiones para abordar la crisis, está lastrando su capacidad de actuación. También para retomar la iniciativa política en un contexto de fuerte desconfianza ciudadana en las instituciones y de desgaste del Ejecutivo por la difícil gestión de la pandemia.

La sensación en la capital es que, culminada la desescalada a principios de verano, y confiando en que no haya rebrotes importantes de la Covid- 19, la tarea de recuperar esa iniciativa política y lograr dominar la agenda de la reconstrucción a partir de unos presupuestos que se enfrentarán a grandes contradicciones en sus prioridades, se presenta harto difícil para este Gobierno acosado en lo económico y en lo político. Sólo el temor por parte de sus socios a un horizonte electoral que apunte a una mínima posibilidad de futuro gobierno de PP y Vox, les llevará a impedir un nuevo bloqueo político que podría acabar con la era Sánchez. Un horizonte de terror para la izquierda, y seguramente para la convivencia en la sociedad española, que sin embargo no cabe descartar.