Entre los desempleados (unos 261.000) y los trabajadores sometidos a ERTE (unos 207.000) en Canarias cerca de medio millón de isleños no disponen ahora mismo de medios propios de vida ni tienen garantizado un puesto de trabajo. Los círculos empresariales más optimistas cifran en un 50% los ERTE que se saldarán con un regreso normalizado al curro o que se prolongarán algunos meses más gracias a la infinita y munífica comprensión de la ministra de Trabajo, con lo que podemos llegar en el próximo otoño a soportar entre 350.000 y 370.000 parados: mucho más que el 35% de la población activa. Se podrían alcanzar porcentajes de desempleo peores que los que jalonaron la crisis de 2008.

Esta es la realidad espeluznante en la que ya estamos instalados en Canarias y a la que no se está dando una respuesta ajustada al polvorín social que una crisis sistémica está cebando lenta pero certeramente. El acuerdo entre el Gobierno central y CC para prolongar los ERTE turísticos hasta el próximo año es una buena noticia, como lo es que te recoja una ambulancia al ser atropellado. El Servicio Público de Empleo Estatal se está gastando entre subsidio de desempleo y trabajadores en ERTE cerca de 380 millones de euros mensuales. Si no remontan significativamente las contrataciones (y se cumple el compromiso con CC) el Ministerio de Empleo se gastará más de 3.000 millones de euros en Canarias hasta el próximo enero. En lo que se refiere al ingreso mínimo vital significará un gasto en el archipiélago de unos 320 millones de euros al mes: ya veremos la eficacia y la eficiencia en la aplicación de la medida y su (supuesta) conciliación con la futura renta ciudadana, cuya ley pretende llevar el Gobierno autónomo al Parlamento en el próximo septiembre, aunque ahora mismo sean inimaginables los presupuestos generales que pueden llegar a aprobarse para 2021. No deja de ser ligeramente grotesco que al consejero de Hacienda, Román Rodríguez, analice y discuta con su equipo hasta la madrugada cómo diablos podrá mantenerse en pie los sistemas públicos de sanidad y educación -y sostenerse el pago de las nóminas de los empleados públicos- mientras la alegre pibada noemísta de la Consejería de Derechos Sociales celebran por anticipado la aprobación de la renta ciudadana como un logro histórico irrenunciable.

Esta actitud de las administraciones públicas es comprensible y, en numerosas iniciativas, como el ingreso mínimo vital, es necesaria e impostergable. Pero de una crisis económica no se sale gastando a saco en programas asistenciales o metiendo a gente en el sector público. Se sale con políticas económicas, es decir, definiendo una estrategia de inversión pública. Es el acelerador político que hay que pisar ahora mismo para sobrevivir los dos próximos años y ahí -y no en la reclamación ya exhausta de un superávit más bien modesto: unos pocos centenares de millones de euros- debería desde hace semanas insistir el Gobierno de Canarias frente al presidente Pedro Sánchez. Pero no. Ángel Víctor Torres sigue ejerciendo de arúspice de los gallos chismosos que sacrifican en su despacho Claudia Monzón o Ricardo Pérez. Para ver si pido lo que Sánchez quiera que le solicite pero nunca viceversa