La Unión Europea alcanzó un acuerdo político para poner en marcha el fondo europeo de 100.000 millones de euros que costeará los ERTE en España y el Gobierno, ha confirmado que prevé solicitar las ayudas de SURE una vez que el mecanismo esté en marcha.

Esperemos que esta noticia venga acompañada de la solicitud de incorporar a estos mecanismos para el empleo el plan de empleo de canarias o los fondos finalistas para la formación para el empleo, así como una imortante dotación a las políticas activamentarios como con la emisión de deuda autonómica con cargo a la reserva para inversiones, antes de que los empresarios decidan pagar el Estado el total del impuesto y las inversiones previstas se desvanezcan.

Cierto es que dependemos de la evolución de la pandemia y de que se pierda el menor tejido empresarial posible, ya que las medidas para preservar rentas familiares están limitadas al cortísimo plazo y las demás medidas deben mejorar la productividad a medio plazo, para poder sostener un estado del bienestar que ha dado un paso de gigante con la pandemia para demandar más fondos presupuestarios.

A esto, añadiremos en breve, las inversiones en materia educativa para garantizar mas aulas en los colegios públicos y concertados o más inversión en productos tecnológicos que posibiliten la educación electrónica desde casa, al menos para los alumnos de cierta edad que no necesitan estar acompañados por sus padres una vez que vuelvan a trabajar mediante presencia física.

Una dosis de eficiencia en el uso de los recursos en esta nueva era o la separación del trigo de la paja a la hora de preservar los gastos públicos innecesarios, debe venir aparejado de una lucha frontal contra la economía sumergida antes de que el gobierno actual se plantee subir los impuestos a los que ya pagan y hacer la vista gorda a ese colectivo, que no paga impuestos ni cotizaciones sociales de manera insolidaria, creando una competencia desleal que lastra la recuperación del empleo y la recaudación para las arcas del Estado.