Es magnífico que Canarias se convierta en la comunidad piloto para probar las bondades de la primera app de rastreo de contactos contagiados por el coronavirus. Se ha elegido Canarias, según la vicepresidenta Nadia Calviño, "por la importancia del sector turístico, por la importancia que tenga la utilización de las apps para que los turistas se sientan seguros en nuestro país, y porque tiene un Gobierno autonómico muy comprometido con la desescalada segura", aunque todavía no se ha decidido en qué isla comenzará la prueba y ni siquiera existe una fecha cerrada para hacerlo. Y el tiempo corre que se las pela: cada día de parálisis turística es un clavo más en el ataúd de la economía del archipiélago. Canarias como territorio avanzado para la implantación de tecnologías que localicen contagios infecciosos -amenazas de brotes- está muy bien. Pero lo que intranquiliza es la confusión y dispersión de medidas y opciones para contener la crisis económica y social que amenaza, en muy pocos meses, con convertirse en una catástrofe inmanejable.
Para asegurarse la abstención de Bildu a la hora de votar por ampliar quince días más el estado de alarma, el PSOE se ha comprometido a la derogación "íntegra" de la reforma electoral de 2012, algo que ni siquiera formaba parte del programa de Gobierno firmado entre los socialistas y Unidas Podemos. Luego, en la tribuna de oradores, Pedro Sánchez matizó que, en fin, eso se vería a lo largo de la legislatura. Juguetear así con la legislación laboral en esta coyuntura se antoja bastante espeluznante. ¿Cuántos parlamentarios canarios saben -por señalar a alguien- que la mitad de las ayudas de Estado extraordinarias que está aprobando ahora mismo la Comisión Europea se las está llevando Alemania y no por la insondable maldad de Merkel y compañía, sino porque España no está presentando solicitud alguna? El fondo de reconstrucción propuesto por Alemania y Francia, y dotado con medio billón de euros -la mayor parte de los economistas consideran que debería elevarse a billón y medio- se articularía en subvenciones no reembolsables, sin más ingeniería financiera, en efecto, pero en el avance del plan puede leerse con meridiana claridad que los beneficiarios deberán comprometerse a implementar "políticas económicas sólidas" y abrazar una "ambiciosa agenda de reformas". De veras, soy incapaz de entender cómo personas mayores de edad pueden esperar que la Europa comunitaria -y para empezar sus socios más fuertes- suelte miles de millones de euros sin ninguna condicionalidad.
En el pleno parlamentario de esta semana el líder de la ASG y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, divirtió a la oposición y alarmó al Gobierno autonómico del que forma parte al advertir que "España será intervenida por la UE el próximo año y eso será así nos guste o no". No sé si Europa intervendrá a España, pero lo que urge es que el Gobierno de Canarias empiece a intervenir en Canarias, más allá de la tramitación de un conjunto de medidas positivas, pero en general bastante limitadas, en el ámbito fiscal y en las políticas sociales y asistenciales. Para empezar reclamando al Gobierno central que pague ese más del 30% de ERTE que no ha abonado todavía y que aboca a miles de familias isleñas a una situación angustiosa.
Pero sobre todo avanzando de una vez una estrategia integral que unifique acciones y programas con el objetivo de salvar todas las empresas y empleos que se puedan, mantener los servicios sociales básicos y frenar la amenaza del hambre, la enfermedad y la violencia. No puede esperarse más.
