El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha insistido en que "no se producirán recortes en el gasto presupuestario". La palabra recorte está maldita y las izquierdas se esfuerzan en relacionarlas con lo derechista, lo cavernícola, lo egoístamente conservador. Quien recorta es la derecha; la izquierda, en cambio, atiende generosamente los intereses de la mayoría. En la raíz de estas pequeñas y emocionantes soflamas serpentea una desmemoria selectiva. Cuanto estalló la crisis financiera y casi inmediatamente económica entre 2007 y 2008, una crisis que negó hasta el penúltimo momento José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno socialista emprendió unos recortes presupuestarios brutales que afectaron, sobre todo, a los servicios sanitarios y educativos. Recortaron 6.000 millones en inversiones, subieron el IVA general hasta el 18%, segaron un 5% los sueldos de los funcionarios, amputaron 670 millones de euros en Dependencia, el gasto en becas se redujo en casi dos tercios, congelaron las pensiones (salvo las mínimas) y retrasaron la edad de jubilación a los 67 años. Toda esta labor, ciertamente, la continuó y en algunos aspectos la intensificó con crueldad inusitada y sin pestañear un instante Mariano Rajoy después de que el PP ganara las elecciones. El PSOE en realidad nunca se ha recuperado del todo de lo que muchos ciudadanos (y no pocos militantes) consideraron una traición o, lo que es lo mismo, una liquidación del proyecto socialdemócrata.

En Canarias el encargado de la podona fue Paulino Rivero, que cogobernó primero con el PP -con José Manuel Soria como vicepresidente- y después, entre 2011 y 2015, con el PSOE que lideraba -es un decir- José Miguel Pérez. Si en sus primeros cuatro años lo suyo -siguiendo los mandatos de Bruselas y la sequía impuesta por Madrid- fueron terroríficos, la legislatura siguiente no fue para menos. En los presupuestos generales para 2012 el Ejecutivo de Rivero recortó 350 millones de euros en sanidad y educación y otros 125 en otros servicios sociales y asistenciales: el modesto Estado de Bienestar que gestiona la comunidad autónoma crujía a diario amenazando un desplome. Las protestas médicas, profesionales y sindicales, fueron continuas y a veces virulentas, pero el objetivo de un déficit público equivalente al 1,5% del PIB era de obligado cumplimiento. En los tres años siguientes los recortes disminuyeron, pero no desaparecieron del todo, y Rivero -un progresista que se pasó casi toda su carrera política echando al PSOE de todo ayuntamiento que se le puso a tiro- se desgañitó acusando al Gobierno de Rajoy de un maltrato sádico a Canarias en los presupuestos generales del Estado.

La lectura pueril de una derecha que recorta derechos sociales y una izquierda que los defiende y fortalece es una grotesca fantasía como puede comprobarse repasando los últimos lustros de la historia española. Pero es un relato con la que el sanchismo y sus socios han trenzado una suerte de legitimidad de ejercicio. Miméticamente el Gobierno de Canarias hace lo mismo tocando el clarín de progresismo o muerte: venceremos. Revirtiendo la subida salarial del 2% a los funcionarios se ahorrarían anualmente más de 2.300 millones de euros en España; en Canarias, más de 90 millones anuales, cerca de 300 millones en los próximos tres años. Uno puede aprender a caerse por unas escaleras sufriendo mucho pero sin romperse el cuello, y puedo optar, desde luego, por arrojarse de cabeza en lo más alto, perseguido por su propio miedo y responsabilidad. Han elegido lo segundo. Buen viaje.