En las imágenes de la videoconferencia entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se desarrolla con un código gestual más expresivo que los que se les oye decir. La señora Montero atiende con la expresión atenta y conmovida, pero algo condescendiente, de una divinidad tartésica y comprensiva. Ángel Víctor Torres es un hombre de fe que expone sus argumentos como un credo, evitando, eso sí, cualquier énfasis grosero. Rodríguez, por último, no dice nada, aunque es evidente cierta irritación contenida. Cuando desde Presidencia del Gobierno se anunció que Montero había autorizado el uso el superávit de la Comunidad autonómica casi todos aplaudimos de emoción y esperamos, obviamente, por la letra pequeña. No llegó. Es más: probablemente no llegará nunca.

Se había anunciado que la entrevista -solicitada inicialmente por Rodríguez y a la que se incorporó Torres- tendría tres puntos de discusión: el uso del superávit acumulado por el Gobierno regional, los cabildos y ayuntamientos, la emisión de deuda pública por la Comunidad autonómica canaria y los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros del fondo estatal no retornable entre las entidades territoriales. Respecto a la deuda no ha trascendido ni una palabra. Sobre los criterios de reparto del fondo extraordinario -en realidad una operación de deuda pública que pagarán todos los españoles- Montero habría aceptado -según la tinta de calamar segregada por Presidencia de Gobierno- algunas puntualizaciones canarias sobre lo destinado a gasto sanitario con locuciones tan esperanzadoras -y tan técnicamente precisas- como "por ahí van a ir las cosas". Por último el asunto del superávit: de nuevo la ministra demostró su sensibilidad hiperestésica al admitir que debería estudiarse la demanda de cabildos y ayuntamientos. Pero no hay absolutamente ningún compromiso, ninguna precisión, ninguna fecha o cifra, aunque doña María Jesús recordó maternalmente que los ayuntamientos, desde el pasado 1 de abril, ya podían gastar un 20% para la lucha contra la pandemia siempre y cuando rellenan algunos cientos de formularios para conseguir la pertinente autorización de su departamento. La cara de Rodríguez -que sabe perfectamente que muchos ayuntamientos isleños tendrán problemas para abonar las nóminas del mes de julio- era un poema dadaísta.

Lo que nos vendieron fraudulentamente como gran noticia es que el Gobierno de Canarias -no los cabildos ni los ayuntamientos- podrá gastar el superávit. Y si tampoco hay precisiones en esta materia es porque ya se podía gastar el superávit -desde 2018- en lo que se llama inversiones financieramente sostenibles, es decir, inversiones que no generen más gasto después de ejecutarse. Eso excluye, por supuesto, las nóminas de los funcionarios públicos, el pago a proveedores o un plan de infraestructuras: no se trata precisamente un instrumento keynesiano. Y el gasto en tales inversiones, como es obvio, debe autorizarlo el Ministerio de Hacienda a través de una ingente cantidad de papeleo y sometido a un concienzudo seguimiento desde Madrid. Canarias sigue sin poder endeudarse. El reparto de esos 16.000 millones no contempla el diferencial de sus tributos específicos, y solo podrá emplearse un porcentaje de su superávit autonómico en condiciones restringidas. Hay mejores motivos para visitar Madrid que colaborar activamente en una nueva operación de propaganda -otro pequeño pelotazo al balón de la catástrofe- y anunciar urbi et orbe un gran montón de nada.