El Gobierno regional se enfrenta desde el inicio de la crisis a la necesidad de redefinir la mayor parte de sus políticas económicas, pero no parece muy por la labor. En vez de eso, han hecho el esfuerzo del Pacto para la Reconstrucción, una iniciativa del presidente Torres que choca con la inexistencia de una explicación razonable de dónde espera el Gobierno sacar los 14.000 millones de euros que, se supone, va a costar activar el invento. La ficha elaborada por Antonio Olivera (viceconsejero de la Presidencia y pluriempleado asesor de Torres en materia económica, que, además, comparte esa ocupación con la de director del Servicio Canario de Salud) adolece de inconcreción. La impresión -denunciada por la oposición y sotto voce por algunos en el propio Gobierno, es que el plan propuesto suma partidas que salen del presupuesto canario -la mayor de todas ellas-, incorpora partidas nacionales no específicas para Canarias -como el dinero de los ertes- y es realmente muy timorato a la hora de exigir a Sánchez la disposición de ingresos para Canarias, al margen de la financiación ordinaria de las islas. El formato de ficha financiera recuerda el del famoso Plan Canarias de Zapatero, que iba a ser dotado con 25.000 millones anuales y el primer año (único en el que se articuló el plan) se quedó en 600, que, además, ya estaban contemplados en los compromisos previos de Madrid con las islas. Esto de ahora suena parecido, y, si me apuran, casi peor: por no incordiar, el proyecto de Torres ni siquiera entra a saco en exigir que Madrid cumpla con los compromisos adquiridos con Canarias y reflejados en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Hasta el propio Torres tiene que haberse dado cuenta de que se está pasando de blando con Sánchez, porque ayer anunció en los medios su petición de que se revise el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables, establecido por el Gobierno nacional para hacer frente a las necesidades más urgentes de unas autonomías sin dinero. Lo que Torres ha pedido es que en la distribución de esos cuartos se cambien algunos parámetros que nos perjudican a la hora de determinar lo que toca por región, como el contar los PCR que se han realizado y no solo los positivos. Con el sistema actual, a pesar de que en Canarias se han realizado ya 66.000 test, nos tocan solo tres millones, en lugar de 60 millones si el baremo respondiera a la cantidad de test realizados.

Mientras Torres regatea a Madrid, Román Rodríguez sigue insistiendo en que se autoricen tanto el endeudamiento como el uso del superávit y los remanentes (casi 4.000 millones depositados en los bancos), los únicos instrumentos de los que podrían disponer las administraciones canarias para evitar el colapso económico de sus cuentas y de la economía regional. Canarias tiene un sistema fiscal en el que los tributos propios -sobre todo el IGIC, pero también AIEM, petróleo y tabaco- son determinantes para sostener el gasto público. El Estado tiene que entender que el Tesoro canario va a perder este año más de mil millones de euros en ingresos fiscales, y los ayuntamientos y cabildos otros 500 millones. O se atiende ese desfase, o se permite que Canarias lo cubra. Y que -entre todos- paguemos la deuda en los próximos años. No es como para tirar voladores de alegría, endeudar a nuestros hijos, pero con Sánchez pendiente de sus propias cuitas, no creo que nadie sea capaz de aportar una solución mejor para no tener que dejar de pagar las nóminas de los empleados públicos.