Algunos le atribuyen a John Maynard Keynes, el economista más importante del siglo XX -algunos dirán que con permiso de Milton Friedman- una cita en la que venía a sostener que en épocas de fuerte contracción de la demanda privada, el sector público debe intervenir en la economía elevando significativamente el gasto, incluso si eso supone contratar trabajadores para que caven zanjas y luego las vuelvan a tapar.

Sea o no cierta la cita anterior, es evidente que recoge la idea Keynesina de que el sector público debe actuar de manera contracíclica, sustituyendo al sector privado en las épocas en las que éste carece del vigor necesario. Así, la intervención activa del estado consumiendo, invirtiendo y transfiriendo renta, endeudándose e incurriendo en déficit público si es necesario, permite aumentar la producción agregada y el empleo y, gracias a ello, dinamizar el consumo y la inversión de empresas y familias. Ello posibilita conducir la economía a otra fase expansiva, en la que el estado enjugará el déficit gracias a superávits posibilitados por el aumento de la recaudación fiscal y por el ahorro derivado de incurrir en menores gastos, como los necesarios para cubrir el impacto social de la anterior fase recesiva.

La reciente crisis del Covid19 ha producido un escenario inédito desde el punto de vista económico. No es que la economía se haya "ralentizado", "desacelerado", "enfriado" o cualquier otro de los términos que habitualmente utilizamos los economistas para describir una dinámica que lleva a la interrupción del ciclo expansivo. Lisa y llanamente, la actividad económica ha parado máquinas: las empresas han dejado de vender, los trabajadores de producir y los consumidores se han confinado en sus casas, limitando su actividad de consumo a las necesidades básicas. Ello ha provocado un impacto económico sin precedentes, de tal manera que el Gobierno de España acaba de presentar su actualización del Programa de Estabilidad en el que contempla para 2020 una caída del PIB del 9,2%, una tasa de paro del 19% y que la deuda pública llegará al 115% del PIB.

El caso de Canarias va ser aún más duro, fruto de su elevada dependencia exterior y su muy alta especialización en los sectores de servicios, en especial el turismo y el comercio, muy intensamente afectados por el parón económico. Especialmente significativo es el caso del turismo, que sufrió el impacto en plena temporada alta y de cuya actividad depende la tercera parte de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Ello hace que las estimaciones "optimistas" sitúen el descenso de nuestro PIB este año en no menos del 20%. Las consecuencias en el desempleo ya las estamos empezando a ver con toda su crudeza, con un incremento de 27.347 personas desempleadas en el mes de abril, un 12% más que en marzo, lo que sitúa a Canarias como la tercera comunidad donde más crece este indicador, por detrás solo de Baleares y Cataluña. Ello eleva el total de desempleo en nuestra región a 254.981 personas, lo que supone un incremento del 23% respecto al mismo mes del año anterior. Por si fuera poco, buena parte de los ingresos fiscales de Canarias dependen de la coyuntura económica, al estar ligados a nuestro REF, por lo que la recaudación, especialmente del IGIC, sufrirá un desplome sin precedentes este año, que probablemente no sea inferior a los mil millones de euros.

En este contexto, el presidente del Gobierno de Canarias presentó el pasado viernes 1 de mayo una primera propuesta de Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que pretende ser la base para conformar un plan definitivo, a finales de este mes, contando con la participación de un amplio conjunto de agentes políticos, sociales y económicos. Dicha propuesta consta treinta y seis medidas agrupadas en cinco prioridades estratégicas que incluyen el mantenimiento de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, vivienda y servicios sociales), el refuerzo de la actividad sanitaria y sociosanitaria, el apoyo a las personas vulnerables, medidas de recuperación del empleo y actuaciones de impulso a la actividad económica.

El documento presentado incluye una estimación económica que asciende a 14.249 millones de euros, de los cuales 8.712 millones procederían de Canarias y 5.537 del Estado lo que supondría, si se materializase, una intervención pública sin precedentes en la historia de nuestra región. Para hacernos una idea de la magnitud y del impacto potencial que podría tener esta cuantía de recursos en nuestra economía, baste decir que supone casi la tercera parte del PIB anual de Canarias o que el presupuesto de la Comunidad Autónoma, aprobado para el conjunto del año 2020, ascendió a 9.181 millones de euros.

Como no podía ser de otra manera, una parte importante de las medidas están dirigidas a atenuar el impacto de la crisis en el corto plazo, como la renta de emergencia o de ciudadanía o la prolongación de los ERTES, al menos en el sector turístico, hasta la recuperación de la actividad. Junto a ello, también se contemplan medidas de estímulo a la actividad económica, como el impulso y la agilización de la contratación pública, inversiones en infraestructuras, aplazamientos tributarios, subvenciones a diversas actividades, etc.

Sin embargo, como suele suceder muy a menudo, creo que la potencial eficacia del plan no va a estar tanto en los qués y en los cuántos sino en los cómos. Por un lado, creo que va a ser fundamental que el plan que finalmente se apruebe no sea el plan del Gobierno de Canarias sino el Plan de Canarias. Este imprescindible consenso mejoraría la capacidad de negociación frente al Estado, no sólo para la captación de fondos, sino para la autorización del uso de mecanismos como la aplicación del superávit del año 2019, la posibilidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma o la modificación de la regulación de instrumentos como la RIC para la movilización de la inversión privada. Asimismo, de esta posibilidad de consenso va a depender en buena parte la eficacia de su implantación, que necesariamente ha de ser bajo un esquema de colaboración multiactor que incluye la necesaria concertación público-privada.

Por último, pero no menos importante, es imprescindible que el plan que finalmente se apruebe aspire a reenfocar nuestra actividad económica hacia las claves de la era postcovid, que pasan por una economía y sociedad más resilientes, capaces de adaptarse rápidamente a turbulencias tan profundas como inesperadas. En este sentido, habrían de integrarse inversiones en agrofood, de cara a contar con un sector primario local orientado a producir alimentos sanos, de forma accesible y sostenible; en vivienda pública funcional y ecológica, con formas de acceso que liberen a las nuevas generaciones de la esclavitud de la propiedad; en un nuevo modelo de urbanismo, con espacios verdes amplios, con menos coches, que permita la distancia social necesaria de los peatones, para quienes deben repesarse las ciudades; en un nuevo modelo energético, que tienda a la autosuficiencia; en espacios dignos para que las personas ancianas disfruten con seguridad y calidad de vida de su vejez, etc. También este plan debe integrar la aspiración de convertir a Canarias en un destino turístico referente mundial en seguridad, salud y en capacidad de acogida y adaptación a las nuevas necesidades del viajero. Y, finalmente, este plan ha de ser la palanca para multiplicar la inversión más rentable que existe, ahora más que nunca, para el futuro de cualquier territorio: educación e I+D+i.

Resulta esperanzador que algunas de estas últimas claves, aunque de manera poco ordenada, se recojan en el documento inicial. Espero que se concreten y materialicen en el plan que finalmente se apruebe. El conjunto de agentes políticos, sociales y económicos de Canarias no actuarían de manera responsable si no aprovechasen las oportunidades que esta crisis ofrece. No lo harían si se centraran en el corto plazo y dedicaran este potente instrumento únicamente a cavar zanjas, por más que Keynes también afirmara que en el largo plazo, todos muertos. Comparto la opinión recientemente expresada por Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, en el sentido de que el corto y el largo plazo tienen algo en común: ambos empiezan hoy.

* Profesor titular de Organización de Empresas de la ULL