Desde hace décadas somos muchos los que queremos más Europa, pero no somos una mayoría abultada ni de ciudadanos ni gobiernos europeos. En Europa siempre ha habido fuerzas centrípetas que postulan transferir más competencias a la Unión Europea, y fuerzas centrífugas que, con demasiada frecuencia, postulan la nacionalización de numerosas políticas de la Unión. El Reino Unido ha sido el paradigma de esa concepción centrífuga contraria a la construcción europea, pero no es el único ejemplo que podría ponerse en el marco de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea.

A la Unión Europea y a sus instituciones se les puede y se les debe exigir que ejerzan sus competencias que son muchas, pero lo que no parece adecuado es acudir a la Unión Europea pidiéndole lo que no puede hacer practicando una versión de populismo antieuropeísta que la mayoría de las veces trata de ocultar las propias deficiencias y errores. Permítasenos la metáfora del boxeador al que se le atan las manos atrás y se le pide que gane un combate.

Muchos han manifestado que en estos momentos de crisis global ocasionada por la pandemia del coronavirus la Unión Europea no se ha comportado como se esperaba. La cuestión es que los que así se manifiestan parecen desconocer lo que no puede hacer y lo que ha hecho y está haciendo la Unión Europea en el marco de sus competencias.

Las competencias sobre salud pública, atribuidas a la Unión en el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), son de las que se denominan competencias débiles como las de coordinación, que no permiten otra cosa que hacer recomendaciones no obligatorias a los Estados miembros, así como competencias de apoyo y fomento en el marco de los presupuestos de la Unión. Los Estados miembros siguen teniendo y ejerciendo plenas competencias en la materia de salud pública y las están ejerciendo con instrumentos y resultados bien diferentes desde que se desencadenó la pandemia. De manera que no le pidamos a la Unión que ejerza unas competencias en materia de salud pública que no tiene.

Nosotros nos encontramos entre los partidarios de otorgar mayores competencias a la Unión Europea en materia de salud pública, particularmente en casos de pandemia, pero esto exige modificar los Tratados de la Unión, para lo que es necesaria la unanimidad de los Estados miembros. Parece necesario recordar a nuestros políticos las dificultades que tenemos en España para modificar nuestra Constitución, lo que debiera ilustrarles sobre las dificultades de poner de acuerdo a los veintisiete Estados miembros para modificar los Tratados de la Unión.

Es faltar a la más elemental versión de la verdad afirmar, como se ha hecho, que la Unión no ha reaccionado a la crisis del coronavirus. El Banco Central Europeo (BCE), institución de la Unión, mediante la Decisión de 24 de marzo de 2020, ha puesto a disposición de la crisis económica provocada por el coronavirus nada menos que 750.000 millones de euros (equivalente a dos tercios del PIB español), que le permitirán comprar deuda pública soberana en el mercado secundario. La deuda que emitan los Estados miembros la comprarán los intermediarios financieros sin riesgo alguno pues tienen la garantía de que dicha deuda será recomprada por el BCE. También se han escuchado voces en el sentido de que el BCE debía comprar directamente deuda a los Estados miembros, lo que supone desconocer que el TFUE lo impide, pues este Tratado solo permite al BCE la compra de deuda pública en el mercado secundario. La compra directa de deuda soberana por el BCE exigiría, igualmente, la reforma del TFUE. Pero la Comisión Europea en el marco del presupuesto de la Unión, al margen de sus competencias en sanidad pública, y en virtud de sus competencias para casos de crisis, ha previsto ayudar a los Estados miembros con varios cientos de miles de millones de euros. Y no cabe duda de que Leyden seguirá proponiendo a los Estados movilizar recursos para destinarlos a la crisis del coronavirus. Es en el marco del presupuesto de la Unión o en el del MEDE en los que hay que negociar las ayudas a los Estados miembros.

Estamos en una crisis económica que se acentuará en los próximos meses, pero como ha escrito Draghi en un medio británico, cuando se está en guerra no debe hacerse caso alguno a si las acciones económicas producen déficit o deuda, lo relevante es que dichas acciones eviten la ruina de los ciudadanos europeos y sus empresas. El Banco Central Europeo, ahora presidido por Lagarde, tras un ligero titubeo, ha hecho lo que debía hacer y todo apunta a que, como ocurrió en la crisis económico financiera española de la pasada década, será el BCE y las demás instituciones de la Unión las que volverán a salvar nuestra economía.

Los presidentes de los gobiernos español e italiano, entre otros, en un reciente Consejo Europeo pidieron que la Unión emitiera coronabonos para afrontar de modo solidario por todos miembros de la Unión las consecuencias económicas de la pandemia. Los mencionados presidentes a buen seguro saben que de acuerdo con los Tratados de la Unión, ésta en la actualidad no puede emitir bonos. Al margen de las competencias del BCE, la Unión Europea no puede endeudarse ni avalar la deuda que contraigan los Estados miembros. La emisión de coronabonos, o como quieran denominarse los bonos de la Unión, exigiría previamente la creación de un Tesoro de la Unión y esto precisa la modificación de los Tratados. De manera que de inmediato habrá que recurrir a otras soluciones, que existen, dejando para más adelante la creación de un Tesoro de la Unión. En la Unión Europea las posiciones individuales pueden bloquear políticas (así lo hizo durante años el Reino Unido), pero nada más se consigue. En la Unión Europea los logros no son el resultado de vencer sino de convencer.

En crisis como la que estamos viviendo a causa del coronavirus es donde se puede comprobar la solidez de las instituciones nacionales. Nuestro sistema sanitario no estaba preparado para acoger a un contingente suplementario de personas enfermas y mucho menos de personas necesitadas de atención en las escasas UCI, alrededor de 6.000, de que disponemos (en Alemania con el doble de población existen unas 28.000). Y tampoco estaba preparada nuestra sanidad desde el punto de vista del avituallamiento de PCRs, mascarillas, respiradores, trajes protectores etc. No se puede decir que el Gobierno esté haciendo una gestión brillante en esta crisis. Se han cometido errores y no se han tomado como ejemplo las medidas adoptadas por países como Corea del Sur o Alemania que son los que han afrontado con mayor éxito la batalla contra el virus. La rectificación de errores cometidos no tendrá efectos retroactivos, pero sigue siendo necesaria para preservar la salud pública y la economía del presente y del futuro de nuestro país.