La sociedad, los empresarios, los trabajadores y todo el Estado necesitan que los propios empresarios puedan trabajar en un entorno productivo, para seguir creando cadenas de valor, apoyados en una contención fiscal garantizada, moratorias fiscales temporales y apoyo a la liquidez originada por estado de alarma decretado, extendido al plazo prudencial necesario para sostener los efectos derivados del mismo, que no terminarán con el levantamiento de la alarma.

No es lo mismo afrontarlo con el margen fiscal de un presupuesto que parte de un déficit del 2,5% y un endeudamiento de 100% del PIB, que partir de un presupuesto saneado, e incluso con superávit, y niveles de endeudamiento en torno al 60% del PIB, tal como recomienda desde hace muños años la Unión Europea.

Tengamos en cuenta las previsiones del FMI para 2020, una vez descontadas los estímulos y ayudas aprobados por los distintos Países analizados, dan como previsión un déficit del 9,5% y un 115% de endeudamiento sobre el PIB para España, mientras que para Alemania pronostica un déficit del 5,5% y un nivel del endeudamiento del 69% del PIB.

Aquí no cabe discrecionalidad. La economía y el empleo necesitan ser apoyadas de manera suficiente, en el momento oportuno y necesario. Tanto para la gran empresa, Pymes, o autónomos establecidos o con iniciativa para ayudar a revertir el exceso de dependencia del sector servicios, ponderando los sectores estratégicos que son necesarios y demandan las familias, empresas o consumidores.

Así, la dependencia del turismo en Canarias es de un 35% del PIB a la que hay que añadir un 50% más del sector servicios (comercio, bares, restaurantes servicios empresariales, entre otros). Por lo cual, una política de ayudas calculada en base a la aportación nacional o europea de esos sectores sería una sentencia de empobrecimiento de las Islas a muy largo plazo.

No olvidemos que la aportación del turismo en España es solamente del 14,6% de PIB, el de Alemania un 8,6% y el de Francia, un 9,5%.

Después de los ERTE y las rentas urgentes de sostenimiento familiar, tendremos que afrontar (y ojalá minimizar) las quiebras de las empresas y los ERES de extinción de empleo, tanto por el drama familiar y personal que suponen, como por su contagio al sistema financiero y al resto del tejido empresarial, a través de previsibles impagos.

Habrá que reequilibrar todos los presupuestos públicos con nuevas y eficaces prioridades, tanto en la dotación de partidas, como en la eliminación de la burocracia excesiva, invirtiendo los superávits acumulados en periodos anteriores a través de inversión productiva, ya que solo se podrá gastar una sola vez y no parece prudente invertirlo en gasto corriente porque podría lastrar los siguientes presupuestos, donde tendremos que pagar los excesos de deuda pública.

Existen pocas empresas inmunes, bastantes empresas sobre las que el peso de la falta de actividad supondrá un freno para continuar con todas sus expectativas y, esperemos que pocas, que serán devoradas por una insolvencia sobrevenida, mientras escuchan los cantos de sirena de la economía sumergida.

Esta crisis, como todas, es una oportunidad para modernizar este País, siempre y cuando se gestionen eficientemente la sinergia entre los recursos públicos y privados.