El presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, lleva dos semanas convencido de que la salida de Canarias a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria debe producirse antes de que ocurra en el resto de regiones. Sin duda, los datos de Canarias son mejores: cuando se produjo la declaración del Estado de Alarma y la decisión de confinar severamente a las dos terceras partes de los ciudadanos españoles, las cifras de contagio detectadas en Canarias eran muy inferiores a las del resto del país, con la excepción de Murcia y las plazas de soberanía española en el norte de África. La insularidad jugó por una vez a favor de Canarias, y los contagios no crecieron al mismo ritmo que en el territorio peninsular. Las cifras de fallecidos en las islas -con mayor incidencia en Tenerife- son similares a las que se registran en una campaña de la gripe estacional, aunque quienes han tenido que pasar por hospitalización y han sobrevivido saben que esta enfermedad es infinitamente más dura que la ya de por sí muy agresiva gripe común. Aún así, las cifras cantan, y en estos momentos hay ya islas donde la pandemia está bajo control -El Hierro, La Gomera y Fuerteventura- o incluso no ha llegado a entrar -La Graciosa- y en el resto -Lanzarote, La Palma, Gran Canaria y Tenerife- el pronóstico es optimista.
Basándose en esas cifras, el comité de expertos de Canarias, ha resuelto darle a Torres lo que Torres les pidió: una propuesta de desescalada parcial para que Torres se la presente a Pedro Sánchez en la cita virtual que tendrá el próximo domingo. La propuesta incorpora medidas como salidas familiares en días alternos en función del domicilio, o la atribución de horas específicas del día para las salidas de los mayores (por la mañana) y de los niños (por la tarde), o la autorización para desplazarse a segundas residencias, atender huertos o corrales, y todo ello en un calendario de cuatro fases, a distribuir a lo largo de un mes. La propuesta incluye también medidas que activarán la economía, como la apertura de hoteles, pequeños comercios, restaurantes (pero no bares), gimnasios, y eventos públicos con aforo limitado a menos de 50 personas, en todos los casos manteniendo distancia social. En la segunda o tercera semana podrían abrir los centros comerciales, siempre controlando la cantidad de público y el cumplimiento de estrictas normas de protección, y se autorizaría el acceso a las playas más cercanas al domicilio o al hotel. Al final, lo que se ha dado en llamar la 'nueva normalidad' podría quedar establecida en un plazo de entre uno y dos meses a partir del 26 de abril, permitiéndose así una muy moderada recuperación de cierta actividad turística, especialmente la de carácter más local.
Ni que decir que esa recuperación de cierta normalidad es lo que todos deseamos que ocurra. Pero la apuesta es arriesgada: si sale mal y vuelven a dispararse las cifras de contagio y de víctimas, si la situación se descontrola y se hace necesario poner de nuevo el marcador a cero, sin duda la responsabilidad recaerá en quienes aceleraron el final del confinamiento. Encontrar el equilibrio entre salud y economía -en última instancia no hay nada más insalubre que la extensión de la pobreza- es quizá la mayor necesidad del momento. Pero también es necesario que la decisión de ser los primeros cuente con el máximo de garantías. Esto no puede ser un experimento, sino una acción coordinada, con estricto control sanitario y de cumplimiento de las normas, y con un constante proceso de la información para reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad. Ojalá acierten y salga bien.
