Estamos equivocando el objetivo. A pesar de la matraquilla que están dando todos, a todas horas y en todas partes, el problema de Canarias no se resuelve solamente con que el Gobierno de España nos deje usar el dinero que hemos ahorrado en los últimos años y que está en los bancos.

Si Moncloa, presionada, permitiera usar el superávit a las comunidades y ayuntamientos españoles -que está por ver- aliviaría temporalmente la situación de penuria que van a vivir las corporaciones locales canarias, pero no se solucionarán los efectos sociales de la quiebra turística. Las administraciones públicas se están disputando el dinero existente en los bancos como los lobos un trozo de carne. Ese dinero es necesario; sin duda. Servirá para pagar las nóminas y mantener abierto el quiosco público y para afrontar los primeros estragos de la crisis económica. Pero si los daños por el "cero turístico" se extienden muchos meses más, el archipiélago necesitará la inversión de recursos extraordinarios. O sea, que será imprescindible un plan de rescate financiado por Madrid.

Solo el presupuesto de la Comunidad Autónoma para gastos de personal y de estructura ronda los cuatro mil quinientos millones de euros al año, de los que los servicios de Salud y Educación se llevan la mayor parte. Para poder sostener los pagos de las nóminas públicas, el Gobierno de las islas tiene las transferencias del Estado y los ingresos propios. Pero esos últimos, este año, se van a desplomar. Y tal y como está el patio a partir del verano van a empezar las dificultades de tesorería.

El sector público canario asume un riesgo muy serio con la caída de los ingresos provenientes de la imposición indirecta de las islas. Un descenso que, según algunas fuentes, puede llegar a la escalofriante cifra de 1.200 millones. Difícil de creer, pero aterrador si se produce. El desplome del bloque REF se va a llevar por delante a los ayuntamientos y cabildos más débiles. Y terminará afectando al Gobierno canario. Para escapar de esa situación de catástrofe solo quedan dos caminos: usar los ahorros (o sea, el superavit) y endeudarse. Eso ya lo saben en el pacto de gobierno.

¿Pero y qué hacemos con la sociedad civil? A los parados y a los pensionistas los mantendrá el Estado, como en todos sitios en España. Pero a los colectivos más pobres de las Islas, a esas miles de familias que van a perder la posibilidad de mantenerse dignamente, habrá que rescatarlas con medidas extraordinarias para las que se requiere dinero. Por no hablar de la economía, que -si la crisis es muy larga- demandará ayudas y estímulos para que no desaparezca el tejido productivo.

El Gobierno canario no quiere líos con Madrid. Pero no podrá evitarlos, si no hay respuesta. Porque de esta no escapamos solos. Necesitamos un respirador financiero del Estado -lo mismo que España está pidiendo a Bruselas- porque si no, vamos a derechitos a la ruina social. Ya saben. Seremos siete estrellas verdes unidas por el hambre sobre un mismo mar.