23 de abril de 2020
23.04.2020
Crisis del coronavirus

Cómo y quién pagará la factura del Covid-19

22.04.2020 | 22:31
Cómo y quién pagará la factura del Covid-19

Por razón de edad, pertenezco al grupo de mayor riesgo ante esta pandemia, tengo la lógica preocupación y me estoy preparando mentalmente para un aislamiento prolongado, aunque ello esté perturbando cada día que pasa por la angustia que me produce la oleada de odio y rencor que como virus adicional se está inoculando a la población española tan traumatizada y llena de inquietud ante la incertidumbre del futuro: nunca pensé que las redes sociales se convertirían en el instrumento que hace posible acciones tan miserables. Sin embargo, no es este el motivo que me ha movido a escribir este artículo, ha sido mi preocupación por volver a repetir los errores de la crisis del 2008.

Recordarán que la explosión de aquella estafa monumental derivada de la autorregulación de los mercados financieros trajo consigo declaraciones grandilocuentes de refundación del capitalismo -entre otros, Nicolás Sarkozy y el entonces presidente de la patronal española, Díaz Ferrán- y la recomendación del G-20 de incrementar el gasto público, que se concretó en España en el Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), también conocido como Plan Zapatero. No obstante, esa estrategia pretendidamente keynesiana no fue acompañada con reformas fiscales para su financiación como en su día hizo Franklin D. Roosevelt al desarrollar su famoso New Deal para hacer frente a la hoy otra vez recordada gran crisis del 29.

De forma esquemática, las consecuencias de la crisis que se desencadenó con la quiebra de Lehman Brothers fue una caída de la recaudación fiscal y un endeudamiento creciente, que supuso en España pasar de una deuda pública del 40 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2008 a una tasa del 101 por ciento en 2016 y a un 95 por ciento en la actualidad. La presión fiscal se incrementó entre 2009 y 2018 en cuatro puntos porcentuales, pero acentuando la desigualdad del reparto de la carga fiscal al aumentar en cinco puntos un impuesto tan regresivo como el IVA: dos puntos con Zapatero y tres puntos con Rajoy. En Canarias, también subió el IGIC. Las políticas económicas adoptadas han generado una devaluación salarial, mayores niveles de pobreza y una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza como ponen de manifiesto los indicadores de la UE.

Así pues, debería tenerse muy presente que afrontamos la crisis generada por el Covid-19 con un país fuertemente endeudado y con unos mecanismos de redistribución bastante limitados, pues el porcentaje de ingresos públicos en nuestro país es uno de los más bajos de la Unión Europa de los 15 Estados miembros que existían antes de la ampliación al Este (UE-15), alcanzando el 39 por ciento del PIB: sólo Irlanda y el Reino Unido se sitúan por debajo, colocándose nuestro indicador a casi siete puntos de la media comunitaria y a más de 14 puntos de Francia y a más de 12 puntos de Dinamarca, que son los países comunitarios con mayores niveles de presión fiscal. Por cierto, recientemente este último país se ha tomado como referencia desde ciertas instancias empresariales para proponer una participación de la financiación publica en el abono de los salarios, pero ignorando que su presión fiscal es del 52 por ciento.

Asimismo, la red de protección social española se encuentra en los puestos de cola de la UE-15, según los últimos datos armonizados disponibles de Eurostat, España con un gasto en protección social -excluido el de educación- del 23 por ciento del PIB ocupa el antepenúltimo lugar y se sitúa a casi cinco puntos de la media comunitaria y a nueve y ocho puntos de Francia y Dinamarca, respectivamente, que son los países europeos que mayor gasto social registran en relación a su PIB.

Los mayores gastos sanitarios que está generando la lucha contra el Covid-19, así como el conjunto de medidas que han venido adoptando las administraciones públicas para tratar de hacer frente al shock económico que se está produciendo van a suponer un crecimiento muy notable del gasto publico y la importante reducción que va a experimentar la actividad económica implicará con toda seguridad una fuerte caída de la recaudación. Todo ello va conducir a un incremento del endeudamiento que supondrá unos niveles de deuda pública que probablemente superaran ampliamente el cien por cien del PIB, con las consecuencias negativas que tendrá en los presupuestos de años venideros al tener que afrontar los gastos de la deuda.

Estamos asistiendo a la demanda generalizada de ayudas al Gobierno de la Nación por parte de todo tipo de colectivos sociales, empresas, autónomos e incluso por gobiernos de comunidades autónomas. Además, parece que está bastante extendida la opinión que la experiencia de esta pandemia debería conducir a una mejor dotación de la sanidad pública y, asimismo, parece que se va a poner en marcha un ingreso mínimo vital, que curiosamente recolecta apoyos inusitados de conocidos neoliberales, incluido el presidente nacional del Círculo de Empresarios. Sin embargo, nadie está hablando de cómo se tiene que financiar todo este crecimiento del gasto público, frente a una menor recaudación de impuestos y de cotizaciones sociales, hay quién incluso propone que ante esta situación se deben bajar los impuestos. Parece que se vuelve a repetir la misma historia que ocurrió con la crisis de 2008, primero se recurre al Estado para que pague la factura del desastre y después, ante los déficits públicos y el crecimiento de la deuda y los problemas derivados de su financiación, se proponen recortes en las principales partidas de los gastos sociales.

Ante esta gravísima situación y una vez que se vaya superando la crisis sanitaria, habría que plantear seriamente la cuestión de cómo se debe financiar la salida de la crisis económica y qué tipo de Estado de bienestar queremos tener en nuestro país. No se puede demandar un sistema de protección social desde la cuna a la tumba, tipo Dinamarca, con un sistema fiscal como el español. No nos engañemos de nuevo, ni teníamos la mejor sanidad del mundo, ni tampoco nuestro Estado de bienestar -si se compara con otros países de nuestro entorno- constituye una red adecuada de protección frente a la adversidad, la enfermedad y la vejez: los milagros operan en ámbitos distintos de la economía y de la política.

Más allá de las donaciones por muy loables que éstas sean, seguirá habiendo algunos ciudadanos y algunas empresas que obtengan ingresos, rentas, beneficios y tengan riqueza acumulada, y por tanto sigue habiendo dos formas distintas de enfrentar la salida de la crisis: a) bajando impuestos y confinando la política social fundamentalmente a la mera creación de empleo; b) afrontando reformas fiscales que nos aproximen, por ejemplo, a niveles de presión fiscal similares a la media de la UE-15 y que permitan construir un mejor Estado de bienestar en España. En el primer caso, algunos tendrán más dinero en el bolsillo, pero todos tendrán que abordar individualmente el aseguramiento de todo tipo de riesgos, lo que será todo un problema para los ciudadanos de bajos ingresos; mientras que en la segunda opción existe una mutualización en la cobertura de los riesgos con una financiación pública según la capacidad de renta de cada uno.

Creo que la gravedad del momento actual requiere abandonar la política del tuit y del relato y la economía de zombies de la que nos habla Paul Krugman, para que, además de las medidas paliativas para afrontar la crisis económica y social que se nos viene encima, concentrar todos los esfuerzos y energías posibles en poner en marcha un amplio programa de políticas activas y reformas para lograr unas administraciones públicas más eficientes en la prestación de los servicios públicos -incluido una revisión a fondo de los mecanismos de cooperación del sistema autonómico que han fallado estrepitosamente ante esta pandemia-, medidas más eficaces para favorecer una mayor competencia en ciertos sectores y un plan nacional de mejora de la productividad y de modernización digital acompañado de un reforzamiento de las actividades de investigación e innovación. El objetivo de todo ello sería fomentar una economía española más competitiva y sostenible en un entorno de cambio tecnológico acelerado y transición ecológica, sin menoscabo de que en paralelo se diseñe de forma adecuada una red eficiente de prestaciones sociales y se posibilite el funcionamiento del ascensor social con una educación pública de calidad. En definitiva, más mercado y más y mejor Estado.

A lo largo de estos párrafos he orillado deliberadamente la dimensión de la Unión Europea porque las opciones que se manejan giran por ahora principalmente en el entorno de las facilidades crediticias y no en un incremento significativo del presupuesto comunitario que hay que recordar que no supera el 1 por ciento del PIB europeo, frente a un presupuesto federal de Estados Unidos que hace unos años se situaba en el entorno del 20 por ciento de su PIB.

Estamos ante un reto de dimensiones históricas. Si como sociedad no acertamos en la respuesta y si la política no está a la altura de las circunstancias, mucho me temo que el sufrimiento y la penuria vayan a volver a afectar a una parte importante de la población española y que el conflicto social aparezca en el horizonte. En estos días en que el confinamiento me ha llevado a la lectura de Capital e Ideología de Thomas Pikettty, me ha venido a la memoria una mujer avanzada de su tiempo, Mary Wollstonecraft, que en 1792 sentenciaba que "es justicia y no caridad lo que necesita el mundo".

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