El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tuvo ayer que puntualizar las declaraciones de la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que dijo que a partir del 26 de abril podrían retirarse las medidas de confinamiento de manera gradual. Esas declaraciones, tras publicarse en las ediciones digitales de los medios, provocaron una expectación extraordinaria ante la posibilidad de que el confinamiento pudiera ser levantado dentro de dos semanas. Illa dijo desconocer qué había contado Montero, pero acabó por hacer un mentís contundente, en el que aseguró que el Gobierno no prevé la suspensión del confinamiento, ni tiene fechas para ello, al encontrarse aún la epidemia en fase de estabilización. No fue el único dirigente político forzado a pronunciarse en el mismo sentido: el portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, también señaló ayer que no ve motivo alguno para levantar o relajar las medidas de confinamiento, liquidando así las especulaciones desatadas sobre el asunto.

Probablemente, la muy optimista ministra portavoz no pretendía liarla, pero tiene uno la impresión de que el equipo de Sánchez improvisa mucho más de lo que es tolerable, dadas las circunstancias: Sánchez es probablemente el jefe de Gobierno europeo que más horas de comparecencias públicas ha ofrecido desde el inicio de la crisis, en las que ha hablado de todo o casi todo. La política de comunicación del Gobierno se basa en hablar mucho, pero sin ofrecer información fiable. Quizá porque no la tienen: después del fiasco de las primeras y torpes decisiones -comunes a la mayoría de los países y Gobiernos, cogidos todos por sorpresa y con el pie cambiado-, después del desastre de una operativa centralizada de compras en el ministerio de Sanidad y de los inexplicables forcejeos de protagonismo de Pablo Iglesias, a estas alturas seguimos sin información cierta sobre los datos clave del Covid-19 en España. Sabemos el número de diagnosticados, pero no el número real de contagiados, que pueden ser diez, veinte o treinta o cuarenta veces más. Y desconocemos esa cifra porque el Gobierno -un mes después de comprender la gravedad de la enfermedad- no ha podido comprar test suficientes para hacer estudios entre la población. No sabemos el número de hospitalizados ni ingresados en UCI, porque el Gobierno ha decidido dejar de facilitar esa información a los medios, considerando que Sanidad la recibe tan desordenadamente de las regiones, que es inoperativa. Y no sabemos ni siquiera el número real de muertos, porque sólo se contabilizan los previamente certificados por Covid-19, dejando fuera de cómputo miles de personas fallecidas en domicilios y residencias de mayores. El desvío probable en esta última cifra es enorme en algunas regiones.

Las preguntas son muchas: ¿Cómo pueden interpretarse los datos de evolución si se carece de información contrastada sobre contagiados, hospitalizados y fallecidos? ¿Cómo pueden tomarse decisiones certeras -sobre el final de la cuarentena, por ejemplo- cuando las tres variables clave bailan continuamente? ¿Es realmente tan difícil contar hospitalizados, ingresos en UCI y fallecidos? ¿A quién rinde cuentas el Gobierno de España por este descontrol? ¿Por qué se puede teletrabajar en todo menos en el control parlamentario del Gobierno? ¿Nadie va a explicarle al país porque después de tres semanas y media de confinamiento seguimos completamente a ciegas?