Ya nadie duda de que la emergencia sanitaria por el coronavirus y sus consecuencias van a marcar la vida política, económica y social de España y de buena parte del mundo en los próximos años. Esta pandemia puede estar haciendo, aunque todavía no se sepa, tabla rasa de muchos aspectos de la cultura política y social de este país y de tantos lugares en el planeta, y puede dar paso a una nueva era de la que por ahora la sociedad solo alcanza a vislumbrar la incertidumbre. Para afrontar la nueva situación y, en especial, tratar de contener los devastadores efectos que el confinamiento y la paralización de la actividad productiva van a tener en la economía española, el Gobierno de Pedro Sánchez busca desesperadamente fórmulas de actuación a distintos niveles.
Tras varios decretos de ayudas urgentes, el nuevo paso que Sánchez quiere dar es de una trascendencia equiparable a la del momento histórico que estamos viviendo, como es esa propuesta de reeditar unos nuevos Pactos de la Moncloa que los representantes políticos y sociales de la sociedad española consensuaron en 1977 en plena transición a la democracia. Aunque no es la primera vez que la luz de aquellos acuerdos se proyecta sobre la reciente historia española como ejemplo a seguir, es ahora cuando más sentido tiene su evocación y la posibilidad de reeditarlos. Y es la propuesta que ha lanzado Sánchez al resto de líderes y agentes económicos y sociales, tal como anunció en su comparecencia del pasado sábado, y que piensa materializar de forma más institucional en el pleno del Congreso del jueves, paralelamente a la petición de una nueva prórroga del estado de alarma y la convalidación de cuatro decretos con medidas relacionadas con la crisis sanitaria.
La nueva versión de esos pactos probablemente nada tendría que ver a efectos técnicos y económicos con los acuerdos alcanzados hace 43 años, pero estos se mencionan como inspiradores por la trascendencia histórica que tuvieron en aquel contexto de crisis económica y en medio de aquel tránsito español desde la dictadura franquista a la democracia. Si en aquella compleja encrucijada, el país encontró una salida viable y consensuada, Sánchez entiende que también será posible hacerlo ahora en un contexto aún más crítico y de alcance todavía sin explorar.
Aquellos Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977, contemplaban una serie de medidas de tipo económico, político y social para encarrilar y estabilizar la transición a la democracia a través de una actuación pactada sobre la economía que se tambaleaba con una inflación superior al 26%, un nivel de paro jamás visto hasta entonces en España (cerca del 6%), y una conflictividad laboral desatada. Las primeras elecciones democráticas se habían celebrado en junio y el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD) no tenía fuerza suficiente, ni parlamentaria, ni social, para implantar su programa y sus recetas.
Suárez lanzó entonces su propuesta, no sin antes superar un intenso debate en la UCD, abriendo un proceso que comandaron su ministro de Economía, Fuentes Quintana, y con Abril Martorell al timón de las negociaciones con partidos, empresarios y sindicatos. El pacto fue impulsado desde el principio también por los líderes del PSOE, Felipe González, y del PCE, Santiago Carrillo, y finalmente fue firmado por el conjuntos de la formaciones políticas con representación parlamentaria en aquellas Cortes aún Constituyentes, por las patronales y por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.
Actuar sobre la economía
Aunque este acuerdo incluía un apartado político de gran relevancia, que no fue firmado por el líder de Alianza Popular, Manuel Fraga, el principal objetivo era actuar sobre la economía para tratar de poner fin a la espiral de inflación y paro iniciada con la crisis del petróleo de 1973. Hubo que buscar en ese pacto el mínimo común denominador para poner de acuerdo a todos los sectores, y se logró pactando cuestiones como el despido libre para un máximo del 5% de las empresas, el derecho de asociación sindical, fijar el límite de incremento de salarios en el 22%, establecer una contención de la masa monetaria y la devaluación de la peseta (para contener la inflación), reformar la administración tributaria, o aprobar medidas de control financiero para evitar quiebras bancarias y fuga de capitales, algo muy al orden del día en aquellos momentos.
¿Son transportables aquellos pactos a la actualidad? ¿En qué se traducirían? Esas son las preguntas que animan el debate en la actualidad y cuya respuesta deberá empezar a despejar el propio Sánchez cuando presente una propuesta sobre lo que quiere empezar a negociar. Para empezar, independientemente de los contenidos, hay elementos de peso que marcan una diferencia abismal entre ambos contextos, entra ella la solidez de los liderazgos políticos, muy acentuada en 1977, y endeble y sin predicamento social en estos tiempos de crisis política en la España contemporánea. Otros aspectos centrales que diferencian ambos contextos y condicionarán los nuevos acuerdos son la actual pertenencia de España a la UE, y la existencia de comunidades autónomas.
De esta forma, los nuevos pactos de reconstrucción de la economía tras la emergencia sanitaria dependerán de lo que previamente se sepa que está dispuesta a aportar Europa en materia de fondos de ayuda y mutualización de la deuda de los países más afectados, así como de la autorización para abandonar las políticas de ajuste fiscal y de estricto control del déficit.
Del otro lado, cualquier acuerdo debe consensuarse con las comunidades autónomas, responsables de gestionar la mayoría de los aspectos que se tratan de abordar, tanto en materia servicios públicos como de actuaciones fiscales o de ayudas en el mundo económico y empresarial. En la reunión telemática de Sánchez y los presidentes regionales el domingo, esta cuestión quedó patente. Uno de los aspectos a despejar, de qué forma el pacto condicionaría la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente hace cinco años.
En el ámbito político, más allá de la fragilidad del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el contexto de batalla sorda en la derecha entre el PP y Vox es un elemento desfavorable a un escenario de consenso. El PP de Pablo Casado cree que el anunció de Sánchez es un "señuelo" para disimular sus "errores y negligencias" en la gestión de la crisis sanitaria, y dice no van a apoyar "bajo el nombre de Pactos de la Moncloa la agenda de Podemos". Un partido que habla de gobierno "socialcomunista" difícilmente se sumará a un programa donde obviamente tendrá mucho peso el gasto público, donde se reforzará el papel de lo público en general, se apostará por el endeudamiento e incluso se propondrá una renta básica para los ciudadanos más afectados. Ello es incompatible con el programa de ajuste fiscal y la bajada generalizada de impuestos que propone la derecha.
Por otra parte, la cuestión territorial impondrá muchas condiciones por parte de los partidos nacionalistas como el PNV, BNG, o los partidos canarios CC y NC y, en especial, de las formaciones independentistas catalanas, ERC y JxCat, que verían en los nuevos Pactos de la Moncloa un riesgo de enterrar la agenda catalana por la autodeterminación. Un horizonte sombrío para la propuesta de Sánchez.
