El pasado 24 de marzo, Noemí Santana propuso al Comité de Gestión Social de la crisis del coronavirus lo que denominó "una renta ciudadana de emergencia coyuntural", que habría de servir para cubrir a muchas familias que no perciben ingreso alguno, y que son las que peor lo tienen para hacer frente a la que se nos viene encima. Desde la nota de prensa del día 24, no volvimos a saber nada sobre la renta de emergencia hasta ayer, cuando la consejera reapareció ante los micros anunciando de nuevo que el Gobierno pondrá en marcha de forma inminente esa renta de emergencia para los más desfavorecidos. El problema es que, preguntada por el asunto, Noemí Santana sólo supo explicar que la renta será de 350 euros por familia ampliables en función del número de miembros de la familia, pero no fue capaz de presentar la ficha financiera y se limitó a asegurar que será pagada por el Gobierno de Canarias y también por el Gobierno nacional, aunque esto lo dijo con un hilillo de voz, quizá porque el truco es colgarse de una iniciativa similar del Gobierno Sánchez, si al final prospera.
La cuestión es que esta nueva renta de emergencia, que habría de sustituir a la renta ciudadana prometida, según se anunció en la página web del Gobierno regional, sólo se aplicará con "carácter excepcional durante el estado de alarma". Noemí Santana no pudo o no quiso o no supo explicar hoy si será durante el Estado de alarma o durante el confinamiento, que no tienen por qué durar lo mismo necesariamente, pero uno se pregunta cómo se va a materializar la puesta en marcha de esta medida, cuándo se aplicará (es una medida de emergencia, es para el Estado de alarma, debería estar tramitándose ya) y cómo se va a pagar. Tampoco sabemos si se entregará 'coyunturalmente' a todas las familias que lo soliciten o si habrá un sistema de cribado, y quien será responsable en ese caso de llevar a cabo los trámites, comprobaciones y posterior selección de las peticiones que se realicen, si será por vía digital o se obligará a que las peticiones se presenten de forma presencial (como ocurrió con la solicitud de plazas de enfermería), ni cómo se atenderá ese proceso en un momento en el que la burocracia administrativa de los servicios sociales teletrabaja en parte y parece estar bastante sobrepasada por los acontecimientos (como todos los servicios, dicho sea de paso).
A día de hoy, dos semanas justas después de que la consejera Santana anunciara la medida, aún no hay ni un papel -mucho menos un decreto- sobre cómo funcionará la supuesta renta ciudadana 'de emergencia coyuntural', si complementará -o no- la Prestación Canaria de Inserción, en base a qué criterios se seleccionará a las familias más vulnerables, de cuánto dinero se dispone para aplicar esta medida (Román Rodríguez ya ha dicho que no hay ni un euro), a cuantas familias alcanzará y cuándo empezará a ponerse en marcha, porque corre bastante prisa. La consejera ha dicho que hay que evitar que ningún niño de Canarias se quede sin recibir alimento, ahora que se han cerrado los comedores escolares. Y tiene toda la razón. Pero no basta con los buenos deseos: gobernar es asegurarse de que las propuestas que se plantean se hagan, cuenten con los recursos necesarios, se articulen en acciones y lleguen a los ciudadanos. Gobernar no es salir en los medios proponiendo medidas que luego no se materializan, o que se ponen en marcha cuando ya es tarde. La gente no puede comer con carácter retroactivo, ni alimentarse de tuits o consignas.
