Se anuncia que el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, informará de la situación actual de la emergencia sanitaria a la diputación permanente del Parlamento de Canarias la próxima semana en una comparecencia que ha solicitado él mismo. Es extraño. Creo que mi perro lo entiende incluso mejor que yo. Ignoraba que el Parlamento estuviera cerrado. Porque suprimir o limitar su actividad habitual es una cosa y clausurar la asamblea es otra. Pedro Sánchez debe acudir al Congreso de los Diputados cada vez que pretende ampliar el estado de alarma o convalidar sus decretos-leyes, y aún así cabe una legítima preocupación sobre el escasísimo control del Gobierno en estos días aciagos. Si se trata de una precaución infecto-contagiosa, cabe recordar que la diputación la integran 11 diputados, a los que se suman los cinco miembros de la Mesa. Al presidente Torres le acompañaron tres o cuatro de sus consejeros. Obviamente se deberá contar con algunos técnicos y ujieres. No será una reunión poco concurrida.
No es un debate nominal ni intrascendente. Los parlamentos pueden suspender su agenda de actividades ordinarias, pero los plenos parlamentarios pueden y deben seguir convocándose cuando las circunstancias así lo demanden. El presidente Torres ha hecho un meritorio esfuerzo para proporcionar información continua de la situación a los dirigentes de los partidos y a los portavoces parlamentarios a través de reuniones periódicas. Su vicepresidente y consejeros también pretenden hacer lo mismo. Junto a le necesidad de preservar el funcionamiento ordinario de la Cámara está el verdadero ejercicio de adaptación imprescindible: comprender la premura de la actual situación económica y social. La información puede ser entregada a los grupos parlamentarios a través de un dossier con todos los datos actualizados. Los grupos pueden enviar sus críticas y protestas. Pero no hay semanas normales por delante para agendar comparecencias y reuniones con timbrazos rituales y visitas a las cafeterías de los alrededores como en tiempos de normalidad. No lo son. El debate que procede, y que debería materializarse en un breve periodo de tiempo -un mes por ejemplo- tiene como objetivo consensuar un plan estratégico para la mantener la cohesión social, garantizar los servicios públicos y trazar una ruta para la recuperación económica de Canarias. Con un diagnóstico común, un conjunto de programas y medidas apoyadas por todos y unas exigencias financieras, presupuestas y tributarias que plantear a Madrid y a Bruselas. Si es cierto que nos enfrentamos a la situación más grave y destructiva desde la Guerra Civil - con un riesgo potencial de catástrofe económica que convertiría a Canarias en un país inviable - hay que actuar de inmediato, introducir un método disruptivo en el debate político y conseguir el máximo apoyo de la sociedad civil: organizaciones empresariales, sindicatos, universidades. El impacto en la vida cotidiana de los canarios en los próximos meses será brutal. Habrá decenas de miles de familias con dificultades para acceder a los bienes más elementales. No hay manera de eludir el establecimiento a toda velocidad de una renta económica generalizada -si no universal- simplemente para comer. Hay que preparar a la sociedad canaria para un año extraordinariamente duro y evitar que el confinamiento físico mute en un confinamiento económico en una miseria sin escapatoria. Tiempo. No sobra ni un segundo de tiempo.
