La digitalización de la sociedad

Siempre será verdad aquello de que la necesidad genera el órgano y que en medio de la dificultad sobrevive el más adaptado, afirmaciones que tienen que mucho ver con el proceso evolutivo de las especies. La necesidad de superar el aislamiento ha disparado la generalización de las nuevas tecnologías en la información y en la comunicación, y hasta en las empresas y en los servicios. ¡Lo que se ha invertido en procesos de digitalización y promoción de las nuevas tecnologías! Y resulta que el necesario aislamiento por prevención sanitaria lo ha generado espontáneamente.

Puede que sea este uno de los pocos aspectos beneficiosos, salvada sea el exponencial contagio, que podamos reconocer a esta situación que está destruyendo economías y empleos a ritmo acelerado. Por decirlo con cierta ironía: ya sabemos mantener una conversación a varias bandas desde nuestro PC, aunque hayamos perdido el empleo y no tengamos compañeros de trabajo. Somos capaces de elaborar vídeo, realizar montajes con música e imagen, nos hemos abierto un canal de Youtube y nos sentimos editores y productores del séptimo arte. Es lo que hay.

Pero si algo hemos percibido es la existencia de la sociedad civil y el límite de la administración del estado. Quienes nos gobiernan no son infalibles. Y esta renovación de los fundamentos de la sociedad democrática es muy sana. Podemos organizarnos entre nosotros para alcanzar el bien de todos y generar espacios espontáneos de solución de nuestros problemas. No hay que esperar que todo venga dado y regalado de papa estado que, por otro lado, solo debiera tener el deber de garantizar los derechos de las personas. Lo que pasa de ahí es una usurpación a la iniciativa de las personas. Creo que hemos aprendido el concepto de subsidiariedad. O sea, deje que lo haga yo, y cuide que existan los medios para que yo lo haga y lo haga bien. Y lo que pueda hacer yo, por favor, no lo haga usted.

En la doctrina social de la Iglesia se entiende por principio de subsidiariedad el principio en virtud del cual el Estado sólo debe ejecutar una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares o los organismos intermedios no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad o sea por cualquier otra razón. Es decir, la sociedad debe dejar a las personas o los grupos que la componen todo lo que ellos puedan realizar responsable y eficazmente, porque no es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos (QA, 79). Aplicado este principio al Estado, podemos decir que el Estado no debe realizar lo que puedan hacer las personas o los organismos intermedios, salvo por supletoriedad y con carácter promocional.

Así que, despertemos como sociedad civil. Potenciemos las estructuras intermedias. Cuidemos y ayudemos a nuestros vecinos.