La sociedad tiene la oportunidad de ponderar adecuadamente una parte importante del tejido empresarial ante las consecuencias de la situación derivada de las decisiones tomadas para afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19.
El tejido empresarial, compuesto por autónomos, pymes y grandes empresas, son un activo fundamental (y vital) para el sostenimiento de la sociedad en general y del estado del bienestar en particular.
Las medidas que se está tomando deben ser eficientes y fácilmente reversibles, en los casos de su necesidad temporal, así como potenciar aquellas que han mejorado la productividad de estas.
Todo ello requerirá de una adecuada evaluación y agilidad, fortaleciéndolas con un músculo financiero importante de todos los estamentos del Estado para garantizar la competitividad y la recuperación del empleo en forma de uve mejor que en forma de ele.
Asimismo, y sobre todo en el caso de Canarias, recuperar las comunicaciones nacionales e internacionales apuntalando las medidas fiscales y económicas del REF, reinvirtiendo el superávit de las distintas administraciones públicas para fortalecer los sectores tradicionales y seguir priorizando la captación de inversiones estratégicas que ayuden a la sostenibilidad y diversificación de las Islas.
Estamos asistiendo a la materialización de la responsabilidad social de las empresas que, lejos de valoraciones oportunistas, fundamentan el principio de que, si las empresas y los autónomos no existieran, habría que inventarlos.
