La curva de evolución de la pandemia tiende a aplanarse, sin que todavía pueda decirse que se ha alcanzado el pico, pero la de la crítica situación política del Gobierno central escala posiciones sin horizonte alguno de estabilización. Las medidas adoptadas en los últimos días por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, sobre todo, la forma como lo está haciendo le están granjeando críticas y reproches de todo tipo y ya desde casi todos los ámbitos políticos, económicos y mediáticos. Algunos sectores están ahí casi desde el principio, y otros se han ido sumando poco a poco, en parte por desacuerdo con la actuación del Ejecutivo, pero quizá algunos porque la tendencia es imparable y porque ya no está bien visto mantenerse a su lado. El consenso con el que se trató en un principio, hace ahora un mes, de superar esta emergencia ha derivado en quimera y en los últimos días el acoso al Ejecutivo ha terminado por convertirse casi en un clamor.

Esto no quiere decir que se reproche al Gobierno no hacer alguna determinada cosa, sino que haga lo que hace, bien en su forma o en su fondo. No hay ninguna alternativa a la vista, ni general ni concreta, sobre cómo abordar la crisis, más allá de exigir más capacidad de reacción que nadie sabe cómo lograr, pero a casi nadie le gusta cómo se está haciendo. De manera que hay en estos momentos una especie de espíritu nacional de "todos a una contra el Gobierno" desde posiciones que, en cada caso, remiten a su propia visión de la emergencia y al particular efecto que produce en su área de interés.

Tanto desde los partidos políticos como desde las comunidades autónomas, el mundo empresarial, de los autónomos o de muchos medios de comunicación, las críticas al Gobierno se centran en determinados aspectos de la gestión de la crisis y de las medidas adoptadas, pero no hay una visión de conjunto que combine los tres elementos en juego: poner freno a la propagación de la enfermad y a los contagios; atender la emergencia sanitaria y al colapso que se ha desatado en todos los hospitales del país; y aprobar las medidas que ayuden a superar los efectos económicos y sociales que el confinamiento y la paralización de la actividad económica van a producir. A todos ellos está tratando de responder el Ejecutivo, sin duda por detrás de los acontecimientos y con altas dosis de improvisación, sin lograr sumar a nadie a su dinámica de actuación.

La imagen de un gobierno desbordado por la situación es lo que más parece alimentar las críticas. Justo por la sensación de que el mando único activado tras la aprobación del estado de alarma, que concentra todo el poder en La Moncloa y el gabinete de crisis, está desconectando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las terminales sociales, políticas, administrativas y económicas del conjunto del país, es por lo que se acusa a éste de falta de liderazgo.

Si hasta hace unos días esas críticas se centraban en la tardanza con que se empezó a tomar medidas de aislamiento social y por la falta de material sanitario, pruebas diagnósticas y equipos de protección, desde el pasado fin de semana se ha disparado el acoso al Ejecutivo tras la aprobación del decreto de paralización total de la actividad productiva no esencial. Unos por la medida en sí, otros por las dudas de aplicación y los fallos normativos y operativos que planteaba, que han tenido que corregirse a marchas forzadas, y otros por la ausencia de diálogo con que se han llevado al BOE.

De entrada, la medida no es tan sorprendente como algunos apuntan, porque independientemente de que el Gobierno se resistiera a ella, estaba planteada como debate de fondo y era una exigencia de muchos sectores, desde comunidades como Cataluña o Murcia, hasta partidos como el Partido Popular y los independentistas catalanes. Era un escenario que estaba claro que se podría abrir paso, y extraña que las empresas, sobre todo las grandes, no tuvieran preparados planes de contingencia para esa eventualidad.

El Gobierno centró su mensaje en este sentido en un principio en que actuaba quirúrgicamente para aplicar el bisturí allí donde la pandemia y sus efectos obligaran a actuar puntualmente, evitando daños colaterales. Pero también en los quirófanos se improvisa cuando se ataca un tumor, pues se van atacando los espacios adyacentes al mismo hasta alcanzar tejido limpio sin dañar el conjunto del órgano.

Por parte de las comunidades autónomas, es evidente que tras una primera etapa de coordinación efectiva con el Gobierno a través de las reuniones telemáticas, a medida que el virus les ha ido afectando de manera paulatina más gravemente, las actitudes se han vuelto mucho más individualistas, sin que el Gobierno haya sido capaz de mantener la unidad de acción. La inseguridad que afecta al Ejecutivo, con tensos debates internos entre los ministros socialistas y los de Unidas Podemos, ha trasladado al exterior la sensación de que mejor actuar por cuenta propia. Ademas de tratar de conseguir material sanitario individualmente en el mercado internacional, tampoco cooperan entre ellas para aliviar los hospitales y las UCI saturadas. Exigen además una aplicación territorializada de la paralización de la actividad productiva no esencial aunque eso reduciría seguramente la efectividad que se busca en la expansión de los contagios.

El País Vasco ha sido la comunidad más crítica en este sentido, lo que ha roto la complicidad que Sánchez mantenía con el PNV, que no apoyará explícitamente la convalidación del decreto en el Congreso. El resto de la oposición, salvo Vox, exige negociar algunos aspectos, aunque con diferencia entre las posiciones. Al partido ultraderechista ya solo le vale la dimisión entera del Ejecutivo y que sus integrantes se dediquen con sus abogados a preparar las querellas criminales de que van a ser objeto, y pide la creación de un Gobierno de concentración nacional.

El PP sigue en su línea dura de responsabilizar a Sánchez de toda la crisis y ya no respaldará este decreto como sí hizo con los anteriores relacionados con la emergencia pese a sus críticas. Exige diálogo y se ha alineado con la patronal CEOE y los pequeños empresarios pidiendo que sea el Estado el que asuma el coste de paralizar la economía. Sólo los sindicatos mayoritarios están ahora con el Gobierno, pero ese apoyo no evita una imagen de desbandada caótica respecto de la llamada de consenso, unidad y lealtad que pedía el Ejecutivo.