El objetivo único de anular aunque sea temporalmente y a medias al coronavirus, para lo cual también es precisa la contención del optimismo de Fernando Simón, aplasta cualquier otra consideración. Sin embargo, en cuanto la autoridad competente dé por clausurada esta epidemia, habrá tiempo para reparar en comportamientos que el miedo difumina. Por ejemplo, en la facilidad con la que ha accedido la clase política a las pruebas de confirmación del coronavirus, mientras esos mismos test le son regateados hasta hoy al conjunto de la población.

El país entero le ha visto las orejas al virus, pero decenas de miles de ciudadanos no han dispuesto del privilegio de un análisis en condiciones, y se han quedado en el limbo de los "sospechosos". Se les trata como a enfermos, se les recomienda el aislamiento, pero no tienen derecho a una confirmación. En cambio, los desgraciados contagios de diputados, ministros o presidentes autonómicos han podido ser establecidos indubitadamente. Salvo error por la precipitación de los acontecimientos, en ningún caso se ha adjuntado que "queda pendiente de verificación por la escasez de test disponibles".

Las pruebas selectivas eran de esperar en partidos de la casta como Podemos, pero sorprenden en Vox y otras formaciones revolucionarias, nacidas para resarcir a las clases populares. La llegada eternamente dilatada de los test rápidos es saludada por los gobernantes con la prevención de que "aumentará el número de casos". Difícilmente puede contagiar el coronavirus un simple frotado profiláctico, y la detección de enfermos contribuirá en realidad a "disminuir el número de casos". Sin embargo, es fácil traducir que ha habido intereses políticos para frenar artificialmente los datos. Habrá que interesarse por esta picaresca, pero antes hay que curar a medias a todo un país, a todo un planeta.