Tras producirse el nombramiento de Conrado Domínguez como responsable de la gestión sanitaria para frenar en Canarias la pandemia del Covid-19, la consejera Teresa Cruz Oval se descolgó ayer con una entrevista en 'Diez Radio', en la que aseguró que había "intereses particulares" tras los cambios producidos para enfrentar la crisis, y en las informaciones publicadas sobre su posible cese como consejera. Teresa Cruz no se atrevió a identificar a las clínicas privadas de Canarias como esos "intereses particulares" que la habrían apartado de la gestión de la crisis (es de suponer que tras someter al Gobierno y su presidente), pero se defendió con rotundidad de las críticas que -desde el pasado jueves- hacen sobre su ejecutoria la mayor parte de sus compañeros en el Gobierno.

La consejera ha desarrollado una línea de defensa que resulta cuando menos chocante, que es la de asegurar que las críticas que ha recibido no se justifican, porque "Canarias es la mejor comunidad que está" en relación al número de personas contagiadas por el coronavirus. El argumento resulta bastante revelador para entender porque Teresa Cruz no es idónea para ocupar la consejería de Sanidad: el número de contagios y de fallecimientos en Canarias responde sin duda a una multitud de factores, y es cierto que en proporción a su población, Canarias tiene menos contagios que el resto de las regiones españolas. Pero atribuirse tal mérito es básicamente propio de un comportamiento megalómano, de alguien que no ha entendido nada: la responsabilidad de la consejera no se descuenta en relación con aspectos que la consejería no controla, sino con la gestión propia para hacer frente a esa situación. Por ejemplo, con el hecho de que los sanitarios de Canarias batan el récord nacional de contagios por paciente, básicamente porque están siendo sometidos desde el inicio de la crisis a una extraordinaria exposición a la enfermedad, que ha provocado que uno de cada cinco enfermos en las islas sea un trabajador que cobra su nómina del Servicio Canario de Salud. Esa situación sí es resultado de la improvisación, la descoordinación en la adopción de decisiones, la tardanza en plantear los primeros protocolos de actuación, la dificultad para transmitir criterios y -sobre todo- la incapacidad para dotar de medidas de seguridad y protección a los trabajadores.

Y este no es sólo un gravísimo problema en los grandes hospitales insulares, especialmente La Candelaria, donde se concentran hoy la mayor parte de los problemas de saturación, agotamiento del personal y ausencia de medios para el cuidado de los enfermos y la protección de los trabajadores frente al contagio. Es también un problema de los centros de Salud, donde llegan instrucciones a veces de imposible cumplimiento, pero no los medios necesarios para protegerse. Si la consejera ha sido apartada de la dirección del comité de crisis, no es -obviamente- porque los datos de contagio en Canarias sean inferiores a los datos nacionales. Es más bien por su incapacidad para entender que el alto número de contagios entre el personal -el mayor de España, casi un centenar por cuatrocientos enfermos diagnosticados- es sin duda uno de los asuntos de los que la Consejería es responsable, además de un problema que va a condicionar negativamente la respuesta canaria a la crisis. De eso debe responde la consejera en estos aciagos días, no de si los resultados de las listas de espera serán mejores o peores que en la pasada legislatura, o de esa recurrente preocupación ideológica por los enfermos que se derivan a la sanidad privada. Ojalá esta crisis pueda atenderse con los recursos combinados de la pública y la privada, y no sea necesario recurrir a convertir hoteles en hospitales, o a instalaciones de campaña...