El área de Sanidad, a cuyo frente colocó Ángel Víctor Torres de forma sorpresiva a Teresa Cruz Oval, una meritoria del PSOE con nula experiencia en el sector sanitario, fue intervenida el jueves por decisión del Consejo de Gobierno después de una reunión del Consejo extraordinariamente tensa, en la que el presidente llegó sin haber logrado desmontar previamente una rebelión de varios consejeros, algunos de su propio partido, para que cambie el actual equipo directivo de la consejería. Es un secreto a voces la división que existe en el PSOE canario en torno a la continuidad de Teresa Cruz, defendida a muerte por Patricia Hernández, pero muy cuestionada por otros sectores del PSOE tinerfeño, y por la práctica totalidad de la dirección grancanaria. Torres es poco amigo de hacer cambios, pero estos días se ha tenido que enfrentar no sólo al apremio de algunos de sus consejeros más próximos, sino al ultimátum de Román Rodríguez, que llegó a amenazar con abandonar el ejecutivo si no se resuelve el descontrol de Sanidad. Al final, Torres optó por crear un comité de gestión de Emergencia Sanitaria, presidido por él mismo, y en el que figuran Román Rodríguez, Julio Pérez, Franquis y la consejera de Sanidad, además de los viceconsejeros de la Presidencia, Antonio Olivera, y de Comunicación, Ricardo Pérez. Las primeras medidas de ese comité de Emergencia suponen un cambio radical de las estrategias defendidas por la consejera y su equipo, la más obvia de ellas, la incorporación al Comité de Conrado Domínguez, un conocido patanegra de la sanidad pública, ex director del Servicio Canario de Salud y ahora secretario general de Franquis. Dominguez, junto a José Julián Ysturiz, hombre de confianza del vicepresidente, se incorporan con la misión de intentar reconducir un colapso que hoy parece inevitable, y que se manifiesta en durísimas críticas de los profesionales sanitarios a la improvisación, la falta de criterio y la descoordinación entre hospitales y Sanidad.

El Comité aprobó ayer las primeras medidas de urgencia. Algunas suponen de facto una absoluta desautorización a la consejera y su segunda, Blanca Pérez, caritativamente incorporadas al comité para guardar las apariencias: se ha decidido que las clínicas privadas canarias -sometidas desde el decreto de estado de alarma al mando único sanitario- aporten desde ya todas las camas disponibles para atender enfermos por coronavirus. Hasta ayer, el SCS había rechazado el uso de recursos privados, asegurando que el sistema público era capaz de hacer frente a la situación. Todo el mundo sabe en Sanidad que eso es falso: los profesionales de la pública están agotados, sin recursos, sometidos a un peligro constante, y no paran de recordar que la situación actual es ya de desbordamiento, que además se verá seriamente agravado por la multiplicación de los casos diagnosticados al menos durante las dos próximas semanas, en las que el contagio seguirá siendo exponencial. Todos los recursos, van a ser imprescindibles. Y con ellos aún harán falta más de los que puedan conseguirse. Resultaba alucinante que llegados a este punto, con casi 300 contagios detectados, con los hospitales de Tenerife a punto de explotar, aún se estuviera con la cantinela sectaria de si los medios deben ser galgos o podencos.