Pedro Sánchez anunció ayer que un Consejo extraordinario de Ministros aprobará hoy declarar el estado de alarma en toda España, durante los próximos quince días, además de otras decisiones excepcionales que supondrán movilizar "todos los medios del Estado, incluyendo los recursos militares". Ya era hora: la declaración permite limitar temporalmente la circulación de personas, sin afectar derechos fundamentales. Es el más moderado de los tres mecanismos que establece la Constitución en su artículo 116 para situaciones de gravedad extrema, incluyendo epidemias. Sánchez decidió adoptar esa medida -reclamada por partidos como el PP, Ciudadanos o Vox- apenas 24 horas después del Consejo de Ministros del jueves, en el que optó por sortear la petición de las fuerzas conservadoras. Ayer, tras la decisión de Portugal -aún con pocos casos y ninguna muerte- de activar la alarma, Sánchez decidió no seguir escuchando a los ministros económicos del Gobierno, poco favorables a la iniciativa, y precipitó la convocatoria de un consejo extraordinario para hoy.

El estado de alarma es una herramienta que otorga al Gobierno la potestad de limitar los movimientos de los ciudadanos, imponer la prestación de servicios obligatorios a personas y empresas y realizar requisas temporales de bienes privados, además de intervenir industrias, talleres, fábricas, explotaciones y establecimientos privados (con la única excepción de los domicilios), y autoriza el racionamiento discrecional de artículos de primera necesidad y el control de los mercados y centros de producción, distribución o venta de esos artículos. El decreto que aprobará hoy el Consejo permitirá también la suspensión de las elecciones vascas y gallegas hasta que se controle la crisis actual, una decisión a la que parece extenderse el consenso que todos los partidos han manifestado sobre la declaración del estado de alarma. Pablo Casado dijo incluso que no solo aprueba la declaración de alarma, sino que apoyará también su prórroga si resulta necesaria (algo que hoy se da prácticamente por seguro, dado que la situación tardará mucho más de dos semanas en comenzar a mitigarse), pero fue bastante duro al criticar lo que calificó como negligencias de Sánchez, por alentar y permitir la celebración de las manifestaciones feministas del 8 de marzo, cuya celebración fue desaconsejada por las autoridades sanitarias internacionales y que han sido señaladas por varios expertos como un elemento determinante en la expansión en Madrid de la epidemia.

Con más de 4.500 contagiados y 120 fallecidos, ya, Sánchez ha optado por tener un instrumento que le permita coordinar todas las respuestas, evitando la sensación de descontrol: Quim Torra ordenó ayer por su cuenta el cierre de Cataluña, una decisión imposible de implementar sin el concurso del Gobierno nacional. Madrid y Galicia también han dictado medidas drásticas como el cierre de todos los comercios, salvo los de alimentación, farmacias, estancos, quioscos y gasolineras. La presidenta de Madrid anunció además que su Gobierno ocupará hoteles para transformarlos en hospitales, y el País Vasco declaraba la emergencia sanitaria, que permite confinar municipios, igual que han hecho Murcia y Cataluña y pretende hacer hoy Andalucía. En Canarias, sometida al confinamiento natural de su geografía insular, Torres anunció ayer el primer fallecimiento: una anciana colombiana contagiada por su nieto, llegado de Italia.

Y una noticia esperanzadora: Pharmamar asegura que uno de sus preparados -Aplidin- funciona en el tratamiento del Covid-19, y se dispone a solicitar permiso para testarlo en pacientes humanos. Habrá que esperar, por supuesto, pero la cotización de la farmacéutica española se disparó ayer y llegó a alcanzar subidas del 70 por ciento?