Las competencias sanitarias están descentralizadas en las Comunidades autonómicas. Y las comunidades autonómicas -sin duda cometiendo errores y torpezas- hacen lo que pueden. En Canarias, con los medios disponibles, se ha hecho un trabajo razonablemente bueno para el control, el tratamiento y el aislamiento de los pacientes infectados por el coronavirus (covid 19). Pero esto es una crisis global y nacional y son las organizaciones internacionales y los gobiernos y agencias centrales los que pueden y deben asumir un liderazgo que se proyecte en una estrategia unificada. El economista Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, propondrá esta semana en la Cámara de la UE tres medidas para atacar los efectos económicos potencialmente arrasadores que el covid 19 puede producir: a) autorización para que las empresas y autónomos puedan posponer los pagos a la Seguridad Social y el IVA, relajando los objetivos de déficits establecidos para la eurozona; b) habilitar al Banco Europeo de Inversiones con el objetivo de que financie a las pequeñas y medianas empresas con líneas de crédito extraordinario a un interés muy bajo, inferior al 0,5% ; c) crear un Fondo Europeo de Protección del Empleo para, sin ambages, financiar los empleos en peligro. Otros diputados y grupos parlamentarios de la asamblea europea presentarán propuestas similares. El tiempo apremia y ya no basta con anunciar, como ha hecho el presidente Pedro Sánchez, un "plan de choque" contra las consecuencias sanitarias, económicas y laborales de la pandemia. Entre otras razones porque a efectos de coordinación técnico-sanitaria y de gasto financiero ese plan será muy poco operativo sin el compromiso de Bruselas. Y lo mismo ocurre con las comunidades autonómicas respecto al Gobierno central. Sería muy poco prudente que Canarias se embarcara en un conjunto de medidas de contención del virus -cierre de centros escolares y universidades, eliminación de concentraciones humanas en actos festivos o competiciones deportivas, estímulo al teletrabajo- en una economía que depende del turismo, es decir, de la imagen de seguridad entre empresarios y clientes europeos. Es difícil expresarlo con contundencia y evitar cualquier alarmismo, pero si no se adoptan decisiones consensuadas que cuenten con un respaldo sistemático y estructurado de la UE y del Gobierno de España, Canarias, una sociedad turística y abierta, unas pequeñas islas por donde circulan doce millones de turistas anuales, puede pagar un precio económico seguramente limitado en el tiempo, pero desgarrador. Y la recuperación no será ni sencilla ni automática.
Una pandemia siempre ofrece el retrato moral de una sociedad, pero singularmente es un incómodo modelo para valorar a sus élites. Como los responsables políticos -en el gobierno y en la oposición- siempre funcionan aguijoneados por incentivos inmediatos, en circunstancias tan graves como la presente la tendencia consiste en reprimir cualquier medida que disguste o perturbe a los votantes: nada de suprimir las fallas, la semana santa o las romerías, nada de cerrar las competiciones deportivas, nada de quedarse en casa y no acercarte al hospital más cercano. Pero los responsables políticos deben saber, igualmente, que cuando todo termine se juzgarán sus decisiones y sus deserciones.
